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Una operación policial en Río de Janeiro acaba en masacre

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La Policía Civil del estado de Río de Janeiro rechazó las acusaciones de supuestos abusos y ejecuciones extrajudiciales en la operación que llevó a cabo el jueves en una favela de Río de Janeiro, que se saldó con 25 muertos, la mayor masacre de la historia de esta ciudad brasileña. Los jefes de las comisarías responsables de la operación, en una larga rueda de prensa que dedicaron en su mayor parte a negar las acusaciones de abusos, alegaron que la operación fue planificada, autorizada y supervisada por el Ministerio Público, y que su objetivo era desmantelar una banda de narcotraficantes que reclutaba a menores para acciones delictivas.

«La Policía Civil no actúa por emoción. Fue una operación muy bien planeada, que cumplió con todos los protocolos y fue el resultado de 10 meses de investigación», dijo el comisario Rodrigo Oliveira, refiriéndose a las versiones según las cuales el asesinato de 24 presuntos delincuentes fue una venganza de los agentes por la muerte de uno de sus colegas al inicio de la operación.

Según los agentes, durante una investigación de casi 10 meses, la policía descubrió que la banda que controlaba el tráfico de drogas en la favela de Jacarezinho, una barriada empobrecida y violenta en la zona norte de la ciudad, obligaba a los menores a cometer delitos e imponía sus reglas a los vecinos, incluso autorizando o prohibiendo citas y viajes.

«Los delincuentes reclutaban a los hijos de los trabajadores e incluso prohibían el derecho de alguien a tener una relación con la persona que ama. Si por alguna razón los narcotraficantes no aprobaban esa relación, esa persona podía incluso perder la vida», añadió.Los datos oficiales indican que un policía perdió la vida minutos después de ser golpeado en la cabeza y que 24 sospechosos (que los comisarios no calificaron de meros sospechosos sino de probados pistoleros) murieron durante la operación en la favela de Jacarezinho.

Según HRW, el Ministerio Público, con la obligación constitucional de ejercer un control externo sobre la policía, tiene que «garantizar que los investigadores preserven las escenas del crimen, impedir que los cuerpos sean retirados hasta que los expertos concluyan su trabajo, confiscar todas las armas de la policía para el examen balístico y recoger todas las pruebas posibles».

«No hubo ninguna ejecución (extrajudicial). La Policía se limitó a cumplir la ley y a realizar una operación ordenada por la Justicia para cumplir 21 órdenes de detención», aseguró Oliveira.El comisario añadió que algunas de las fotos publicadas en las redes sociales que mostrarían posibles abusos son falsas y otras fueron tomadas en fechas diferentes e incluso en ciudades distintas.

En el balance de la operación, la Policía detuvo a 6 acusados de tráfico de drogas y se incautó de 16 pistolas, 6 fusiles, una ametralladora, 12 granadas, una escopeta y numerosa munición, incluso antiaérea.Según datos oficiales, unas 1.800 personas murieron en operaciones policiales en Río de Janeiro en 2019 y esa cifra se redujo a 1.300 víctimas en 2020, en parte gracias a la decisión del Tribunal Supremo de restringir operaciones como la de este jueves.

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Podcast] Las llaves del mundo | Golpes de Estado en América Latina 2. América para los americanos

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«América para los americanos» es una frase tan ambigua como polémica. Esta frase es la esencia de la famosa Doctrina Monroe, con la que Estados Unidos se da permiso para intervenir en cualquier país del continente si sus intereses se ven afectados.

Fue acuñada originalmente en 1823, 40 años después de la Independencia de Estados Unidos, por el entonces diplomático y posterior presidente John Quincy Adams, pero atribuida al presidente en funciones James Monroe. Se utilizó para afirmar que cualquier intervención europea en América se consideraría un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos.

Casi un siglo después, la frase tomaría un cariz imperialista y colonialista y de eso te hablan Víctor Hugo Rico y Jair Soto en este artículo.

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Guatemala despliega militares en tierras altas con México

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El Ejército de Guatemala desplegó este lunes efectivos militares en la frontera montañosa que comparte con México, tras las denuncias de hombres armados que tomaron por asalto la carretera que conduce de la comunidad de Nentón a territorio chiapaneco.

Los soldados han sido reforzados en el despliegue de seguridad por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que han colocado volantes para revisar a los sospechosos a bordo de vehículos particulares.

Desde el mediodía del lunes se habla de un cerco de más de 100 soldados y decenas de policías nacionales más, que han extendido la vigilancia incluso en comunidades vecinas.

No se sabe nada de los encapuchados. Habitantes de esta región afirman que eran individuos dedicados al crimen organizado. Los desconocidos no dijeron ser fuerzas de seguridad nacionales guatemaltecas o mexicanas.

Según los lugareños, algunas de las personas registradas durante su recorrido por la carretera Panamericana dijeron que los hombres argumentaron que se trataba de un registro de rutina, pero sin identificarse.

El gobierno guatemalteco ha descartado que se trate de un operativo interinstitucional o de alguna corporación de seguridad de este país.

Del lado mexicano, no ha habido despliegue de fuerzas militares o de vigilancia, ya que la movilización se generó del lado chapín.

Por ello, se ha intensificado la vigilancia y en las próximas horas continuarán las revisiones de personas y vehículos, en la búsqueda de los individuos que aparecieron este domingo con armas de alto calibre.

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Estados Unidos ampliará los permisos de trabajo para los inmigrantes víctimas de delitos

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Una nueva política de inmigración estadounidense que se anunciará el lunes ampliará el acceso a los permisos de trabajo y el alivio de la deportación a algunos inmigrantes que son víctimas de delitos mientras sus casos de solicitud de visado están pendientes, según un resumen revisado por Reuters.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) creará un proceso que podría permitir a decenas de miles de solicitantes de visados «U» recibir permisos de trabajo si se considera que sus reclamaciones se han hecho de buena fe y sin intención de defraudar al sistema de inmigración, según el resumen.

El presidente demócrata Joe Biden ha prometido hacer más humano el sistema de inmigración estadounidense y ha revertido muchas de las políticas restrictivas de su predecesor republicano Donald Trump.

Estados Unidos ofrece anualmente 10.000 visados U a inmigrantes víctimas de determinados delitos.

Los visados dan acceso a un permiso de trabajo y la posibilidad de solicitar la residencia permanente al cabo de tres años. Sin embargo, la gran demanda hace que los solicitantes deban esperar al menos cinco años antes de poder recibir la autorización de trabajo, según el USCIS.

Para tener derecho a un visado, los solicitantes deben ser víctimas de violencia doméstica, tráfico de personas u otros delitos graves.

Todavía no está claro cuántos solicitantes de visados U podrán obtener permisos de trabajo con la nueva política.

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