Después de dos años de discusión, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma en materia de subcontratación, conocida como outsourcing. Fueron 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, con los que se aprobó el proyecto de decreto, que ahora pasará al Ejecutivo.

La modificación permitirá la subcontratación en el caso de servicios y trabajos especializados diferentes al objeto social o actividad principal de la empresa que se beneficia de ellos.

Entre los cambios aprobados, se establece la responsabilidad solidaria en materia de prestaciones laborales, por lo que los trabajadores de esta modalidad podrán exigir al empresario la seguridad social en beneficio de mejores salarios, acceso a la vivienda y servicios sanitarios.

También se establece que el monto de la participación en las utilidades será de un máximo de tres meses de salario o el promedio de la participación en las utilidades percibidas en los últimos tres años, según la prestación del trabajador.

Las empresas están condicionadas a un permiso otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual deberá ser renovado cada tres años, ya que si operan de manera ilegal se prevén multas que van de dos mil a 50 mil veces la Unidad Mexicana de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 179 mil y cuatro millones 481 mil pesos.

Cabe señalar que el PRD y el PAN mencionaron que buscarán que las empresas privadas puedan tener seis meses para aplicar esta nueva disposición como lo hizo el gobierno federal en enero de 2022.