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México

Los recursos para la salud mental se recortan en un 82%.

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Entre 2020 y 2021, el Gobierno Federal redujo 81.6 por ciento de los recursos asignados a los estados para atender la salud mental de la población. En el extremo, hay 12 entidades que este año no cuentan con recursos de la Federación para atender trastornos como depresión, ansiedad y esquizofrenia, entre otros.

El Sol de México analizó la información contenida en 288 convenios de distribución de subsidios para acciones de salud pública que fueron firmados entre la Secretaría de Salud federal (SSa) y los gobiernos estatales entre 2013 y 2021.

Los recursos presupuestales considerados incluyen los que fueron transferidos a los estados vía subsidios del ramo 12 de salud, a través de aportaciones federales del ramo 33 y por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que antes era el Seguro Popular.

Los recursos a la salud mental en los estados fueron aumentando a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, pasando de 210.3 millones de pesos en 2013 a 402.9 millones en 2018. Para 2019, el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, esta bolsa alcanzó su monto máximo de 456.7 millones de pesos.

A pesar de ser el primer año del nuevo gobierno, el gasto federal en 2019 aún arrastraba la inercia de la administración anterior. Fue cuando la Cuatroté tuvo el control total de los nuevos presupuestos que los recursos para atender las enfermedades mentales en los estados se desplomaron.

En 2020, el gasto bajó a 283 millones de pesos debido a la reducción de las transferencias del ramo 33 y a los apoyos del recién creado Insabi (mucho menos de lo que fluía vía Seguro Popular). Y para este año, los estados sólo tienen asignados 52 millones de pesos sólo a través del ramo 33, desapareciendo por completo los subsidios del ramo 12 y los apoyos del Insabi. De un año a otro, los estados han perdido casi 82 por ciento de los recursos que tenían para salud mental.

La drástica caída hace que este año haya doce estados a los que no se les ha asignado un solo peso para este fin. Se trata de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Sonora, Tabasco y Zacatecas.

Y en otros estados, los montos asignados para el tratamiento de los trastornos mentales son ridículos. Es el caso de Yucatán, que tiene 40 mil pesos, o Baja California Sur, que tiene 63 mil.

Y LOS TRASTORNOS CRECEN

Mientras se recorta el gasto, las enfermedades mentales aumentan en México. Los casos de depresión, por ejemplo, no han dejado de crecer desde 2014, según datos de los boletines epidemiológicos de la SSa.

Ese año se diagnosticaron 69 mil 594 nuevos casos, mientras que en 2019 se registraron 126 mil 231, lo que equivale a un incremento de 81 por ciento en cinco años.

Para 2020 los casos diagnosticados disminuyeron a 84 mil 396 millones, aunque es probable que esto se deba a la pandemia de Covid-19, que impidió que muchas personas acudieran a los centros de salud para recibir atención médica.

A pesar de la subestimación en los registros, hay informes de la magnitud del problema durante la emergencia sanitaria.

De acuerdo con la Encuesta para el Monitoreo de los Efectos del Covid-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (Encovid-19), 27.3 por ciento de las personas de 18 años y más presentó síntomas depresivos, mientras que 32.4 por ciento tuvo síntomas severos de ansiedad por aislamiento social, presiones económicas e incertidumbre.

El ejercicio, realizado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana y Quantos Quantitative Research, se llevó a cabo en abril de 2020, es decir, justo un mes después de la llegada de la pandemia a México.

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19 (Ensanut 2020) indica que tres por ciento de la población tuvo necesidad de servicios de salud mental, aunque no necesariamente recibió atención médica.

Las entidades con una importante explosión de casos de depresión en los últimos años son las que más han sufrido los recortes en salud mental. Un ejemplo es Guanajuato, donde este trastorno se disparó 634 por ciento entre 2014 y 2019. Sin embargo, los recursos a esta entidad se redujeron de 85 millones a 870 mil pesos entre 2020 y 2021.

Otro caso es el de Guerrero, con un aumento de 631 por ciento en los nuevos casos de depresión, pero una caída en su partida de salud mental de 19 millones a 399 mil pesos.

GASTO CENTRAL SIN CAMBIOS

Además de los recursos asignados a los estados, el gobierno federal destina una partida presupuestal a la salud mental, que es operada por la Secretaría Técnica del Consejo de Salud Mental, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y los Servicios de Atención Psiquiátrica, todos ellos dependientes de la SSa.

Sin embargo, el presupuesto a estas tres entidades en su conjunto también se redujo en un dos por ciento entre

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México

Familia hondureña cruza México con protección

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TAPACHULA. Una familia indígena hondureña logró llegar a Mexicali, procedente de Tapachula, a través del amparo promovido por los activistas Luis García Villagrán e Irineo Mujica en días pasados. Esto para que pudieran transitar por México sin ser detenidos por las autoridades migratorias.

Los extranjeros, que estuvieron varados durante meses en la frontera sur, agradecieron al director del Centro de Dignificación Humana y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Tapachula, quienes apoyaron a los extranjeros en sus amparos.

La familia, compuesta por dos menores de edad, madre y padre, viajó primero a la Ciudad de México, y luego tomó un autobús hacia Mexicali, Baja California.

A través de un video, los migrantes señalaron que con este amparo no podrán ser detenidos por ninguna autoridad migratoria o federal en su ruta hacia el norte del país, por lo que ahora su objetivo es llegar a Estados Unidos.

En Tapachula se han presentado más de cinco mil amparos de extranjeros provenientes de Haití, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y otros países del cono sur de América, quienes esperan una resolución para poder transitar por México y salir de Chiapas.

Inicialmente, la familia hondureña pretendía sumarse a una de las caravanas de migrantes que intentaban pasar desapercibidos por las carreteras de Tapachula, pero ante la difícil situación que provocan las redadas y los operativos migratorios, así como el temor a ser separados, los centroamericanos decidieron junto con activistas realizar estos trámites.

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México

Las mujeres son dueñas del 26% de los ejidos: Tribunal Superior Agrario

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A casi 30 años de la creación de los tribunales agrarios, se impulsa una reforma para que las mujeres tengan mayor acceso a la propiedad de los 99.8 millones de hectáreas de ejidos en el país. Actualmente sólo poseen el 26 por ciento de estas tierras, a pesar de que en muchas ocasiones son las únicas herederas, dijo la presidenta del Tribunal Superior Agrario, Maribel Méndez de Lara.

En entrevista con El Sol de México, la magistrada indicó que de los 45 mil juicios pendientes ante los tribunales agrarios en México, 54 por ciento corresponde a casos presentados antes de 2019 y los 20 mil 500 restantes son de conflictos de propiedad ejidal o comunitaria presentados en los últimos dos años, y están pendientes por la muerte de personas por Covid-19 y la falta de renovación de los órganos de gobierno en las comunidades.

Respecto a los predios donde se construyen las obras prioritarias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que se resolvieron por conciliación entre las partes y hubo desistimientos, aunque no descarta que se presenten otros.

Sobre la reforma, Méndez de Lara señaló que la prioridad será avanzar hacia la simplificación del juicio agrario. «Queremos simplificar la prueba pericial e incluir la perspectiva de género como una obligación en materia agraria, además de impulsar el juicio en línea como una opción», no sólo por la pandemia sino porque en muchas comunidades sí tienen acceso a la banda ancha, lo que acortará las brechas para el acceso a la justicia agraria.

Indicó que en el Senado de la República hay tres iniciativas sobre el tema: una presentada por el morenista Ricardo Monreal, otra por José Narro Céspedes y una más por la panista Xóchitl Gálvez.

«Lo que vemos con satisfacción es que se nos ha pedido una opinión sobre ellas, la entregaremos el 15 de octubre y sería excepcional que el Estado mexicano, a través del Poder Legislativo, emita después de tres décadas una ley que modifique lo que ya hemos comprobado que es insuficiente o ya no responde a la realidad actual».

Dijo que las tierras ejidales y comunales generan la mayor cantidad de agua dulce, contienen más del 60 por ciento de las áreas naturales protegidas del país y también concentran la biodiversidad, la industria minera, eléctrica y de hidrocarburos, así como el desarrollo urbano y la creación de infraestructura. «Por ello, es importante mirar a los ejidos y comunidades desde la perspectiva de los derechos de propiedad y atender las desigualdades en el campo».

En las más de tres décadas que tiene el Tribunal Superior Agrario, se han resuelto poco más de un millón de juicios y en mil sentencias se ha negado a las mujeres el derecho en asambleas, a formar parte de los comisariados ejidales y consejos de vigilancia.

«No hay que olvidar que el artículo 37 de la Ley Agraria señala que hay una cuota, que estas comisiones y consejos deben estar integrados hasta por un 60 por ciento del mismo sexo y todavía encontramos núcleos agrarios donde las mujeres no son propuestas como presidentas, secretarias o tesoreras, o bien son propuestas, pero sólo en los cargos de suplentes. Todavía hay muchas controversias en las que las mujeres participan como demandantes o demandadas en la sucesión de los derechos agrarios del cónyuge, con parientes».

Méndez de Lara indicó que es necesario mejorar las condiciones de gobernabilidad en los ejidos y comunidades, que son alrededor de 32 mil 200 inscritos en el Registro Agrario Nacional y se traducen en 99.8 millones de hectáreas donde se asientan 5.3 millones de mexicanos.

Agregó que durante el 2020 el número de casos que llegaron a los tribunales disminuyó hasta en un 30 por ciento, pero en el 2021 se recuperaron, sólo que ahora hay dificultades por el fallecimiento de los dueños de los predios o de quienes forman parte de los órganos de gobierno en las asambleas.

De los 45.000 casos que se siguen en los tribunales, los conflictos por la sucesión de derechos representan el 29 por ciento de las controversias. Allí, lo más importante es promover la conciliación cuando no hay lista de sucesores y cuando los hijos, por ejemplo, tienen el mismo derecho a heredar y es necesario llegar a un acuerdo.

El magistrado señaló que el 0,5 por ciento de los casos que siguen en los tribunales suelen ser ancestrales. En estados como Oaxaca o Michoacán hay controversias por la tenencia de la tierra que tienen siglos de antigüedad y se remontan a conflictos entre comunidades que disputan sus límites haciendo valer sus derechos desde la época prehispánica y aportan como documentos para probar su propiedad los títulos de la época novohispana.

«Ahí ratificamos el compromiso de los tribunales de impartir una justicia rápida, completa, transparente y que resuelva la raíz de los problemas de la gente».

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México

Los haitianos piden asilo: «Moriremos como hombres, no como basura».

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ACUÑA. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos «está asegurando transporte adicional para acelerar el ritmo y aumentar la capacidad de los vuelos de repatriación a Haití«, dijo Alejandro Mayorkas, titular de esta dependencia que ayer supervisó las labores de contención y detención de haitianos en la ciudad fronteriza de Del Río, Texas, vecina de Acuña, Coahuila.

Por su parte, los migrantes haitianos, que huyeron de su país por la inestabilidad política, la pobreza y los efectos devastadores de dos huracanes, piden a las autoridades tanto estadounidenses como mexicanas que no los devuelvan a su país y les concedan asilo humanitario.

Mayorkas explicó que hay unos 600 agentes de la Patrulla Fronteriza y voluntarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ayudando en los esfuerzos para contener y reubicar a los haitianos en Del Río a otros campos de detención.

«Esta administración está comprometida con el desarrollo de vías migratorias seguras, ordenadas y humanas, pero esta no es la manera de hacerlo», dijo Mayorkas sobre el cruce masivo de migrantes.

Josué es uno de los haitianos detenidos ayer por la tarde por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Estatal de Coahuila y elementos de la Guardia Nacional que iniciaron operativos en Acuña, ciudad que alberga entre 13 mil y 15 mil haitianos en la zona fronteriza con Estados Unidos.

Él y su primo fueron detenidos ayer en Acuña cuando compraban alimentos en una tienda local.

«¡No tengo miedo! Estoy abriendo los brazos rogando que no nos lleven a mi país porque no tenemos nada allí. El 14 de agosto acaba de ocurrir un terremoto. Nuestro presidente muere y el primer ministro no sirve para nada», dijo el primo de Josué mientras era asegurado por los agentes mexicanos.

«Por qué nos hacen esto, yo tengo mi papel de la Comar que me dieron allá en Chiapas. Yo sólo quiero trabajar. Tengo seis profesiones. Soy mecánico y Josué también. Soy albañil, plomero, también sé hacer cerámica, sé soldar. Soy muy inteligente. Sólo quiero tener una vida mejor. Sólo necesito una oportunidad para trabajar y si quieren probarme aquí estoy».

El primo de Josué no quiere revelar su identidad, porque dice que no renunciará a su deseo de llegar a Estados Unidos. Y si hoy dice su nombre, no podrá hacer los trámites que cree que le permitirán llegar al país de las barras y las estrellas.

«No venimos aquí a robar, ni a ponernos al servicio del crimen. Tenemos la desgracia de pertenecer a un país donde el gobierno no sirve para nada. No tengo miedo, porque mi vida está en manos de Dios y no en las de los hombres de la tierra. El mundo es para Dios».

En su viaje de Tapachula, Chiapas, a Acuña, Coahuila, ha gastado mil 600 dólares. «Ese dinero no se lo robé a nadie, me lo dio mi familia con mucho sacrificio. Y si quiere que luchemos, lo haremos, moriremos como hombres, no como basura».

Llorando señala que han sido víctimas de muchos inescrupulosos que han querido quitarles del poco dinero que traen, hasta sus celulares. El primo de Josué salió de su país hace seis años. Llegó a Chile donde estuvo tres años ilegal, pero gracias a su trabajo en la construcción tuvo ahorros para poder cumplir su sueño.

Se despidió diciendo: «No somos ladrones, todos los que estamos aquí somos gente decente. No es justo que nos tomen por la espalda y nos lleven como delincuentes».

Mayorkas explicó que la administración del presidente Joe Biden está preocupada porque los haitianos que llegan a Estados Unidos «están recibiendo información falsa de que la frontera está abierta o que el Estatus de Protección Temporal (TPS) está disponible».

Aclaró que el TPS lo recibirán «sólo los haitianos que vivían en Estados Unidos antes del 29 de julio» y recordó que pueden obtener esta protección migratoria si cumplen ciertos requisitos.

El secretario de Seguridad Nacional también insistió en que las personas y familias que llegan ahora a la frontera sur «están sujetas a restricciones fronterizas, incluida la deportación».

Ayer, el primer vuelo de repatriados llegó desde Del Río a Puerto Príncipe, la capital haitiana.

Según The New York Times, las autoridades haitianas suplicaron al gobierno de Biden que dejara de devolver a miles de personas a un país que se tambalea por diversas crisis políticas y económicas.

Aseguraron que habilitarán el aeropuerto para dar alojamiento a los retornados, sin embargo, no esperan que se queden ya que ninguno de ellos quiere quedarse en el país debido a la falta de oportunidades.

Mientras tanto, un nuevo grupo de haitianos que están varados en Reynosa, Tamaulipas. Iniciaron su peregrinaje hacia Acuña con la intención de unirse a los migrantes que ven en esa ciudad una puerta de entrada a Estados Unidos por la vía del asilo político. Con información de AFP, EFE y El Sol de Tampico.

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