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México

Las ONG instan al gobierno mexicano a diseñar una estrategia para frenar el trabajo infantil

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Organizaciones internacionales hicieron un llamado urgente este sábado para que el gobierno mexicano diseñe una estrategia nacional para prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil.

«Un llamado urgente para el diseño de una Estrategia Nacional que incluya programas y políticas sectoriales con acciones específicas para prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil», expresaron en un comunicado conjunto las organizaciones World Vision México y Save The Children.

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este 12 de junio, destacaron la necesidad de una estrategia que incluya programas y políticas sectoriales con acciones específicas.

Las organizaciones indicaron que dicha estrategia debe ser incluida en el presupuesto federal, asegurando recursos suficientes para su implementación.

En el mundo, dijeron, el trabajo infantil afecta el presente y el futuro de 152 millones de niños y adolescentes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, hay 3.3 millones de menores involucrados en este tipo de trabajo.

De esos 3,3 millones, 600 mil ponen en peligro su vida al trabajar diariamente en campos agrícolas.

Mientras que las víctimas más vulnerables son las que pertenecen a comunidades indígenas, afrodescendientes y/o con discapacidad.

IMPACTOS DE LA PANDEMIA

Para Visión Mundial México, es probable que la pandemia de covid-19 haya incrementado las cifras de trabajo infantil.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante la pandemia, 628.000 niños y adolescentes abandonaron la escuela en México.

Esto se debió a la crisis económica, la falta de ingresos familiares suficientes y la ausencia de condiciones para seguir estudiando a distancia.

Oscar Castillo, director del Programa Campos de Esperanza de World Vision, considera que se deben establecer medidas efectivas e inmediatas para abolir el trabajo infantil.

«Hay que construir consensos para consolidar alianzas entre el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones de trabajadores para prevenirlo y erradicarlo», dijo.

Ambas organizaciones expresaron que se debe seguir promoviendo el trabajo decente, junto con la defensa y protección de los derechos laborales, ya que permite a las familias contar con los recursos necesarios para vivir dignamente y no recurrir al trabajo infantil.

Agregaron que las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil deben centrarse en los sectores más frecuentes, como el agrícola.

Expresaron que se debe prestar especial atención a las necesidades de las familias jornaleras migrantes de comunidades indígenas, y con acciones diferenciadas para atender las violaciones de derechos que afectan a las mujeres.

Save the Children insistió en la necesidad de que el gobierno, las empresas y la sociedad civil tomen medidas para reducir el trabajo infantil.

«Especialmente ahora, cuando la pobreza, el empleo informal y el desempleo generados por la pandemia amenazan con aumentar exponencialmente el número de niñas y niños en actividades productivas», concluyó.

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México

La falta de atención médica obliga a los mexicanos a morir en casa

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En el primer año de la pandemia de Covid-19 en México se registraron 1 millón 75 mil 779 muertes en el país, de las cuales 506 mil 723 personas fallecieron en sus casas, la mayoría a consecuencia de 10 enfermedades, pero no todas tuvieron acceso a atención médica, 129 mil 861 pacientes lo hicieron sin la asistencia del servicio de salud, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el último año, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró al menos una docena de veces que durante la pandemia atenderían las necesidades de salud de la gente.

«Ahora con la pandemia atendimos las necesidades de la gente, nadie se quedó sin cama, sin ventilador, sin atención médica», sin embargo, los datos de las actas de defunción, los certificados del Servicio Médico Forense y los cuadernos estadísticos de las Agencias del Ministerio Público indican que 46.7 por ciento de las personas que fallecieron lo hicieron en su casa, informó el Inegi.

Indica que otras 35 mil 883 personas murieron en la calle y otras 26 mil 120 no especificaron dónde fallecieron. Del total, 430 mil 008 murieron en una institución de salud pública como el IMSS, el ISSSTE, hospitales dependientes de la Secretaría de Salud o centros privados, y 36 mil 883 en otro establecimiento público.

«Es la otra cara de la moneda y es muy cruel porque la epidemia de Covid-19 ha significado muchas muertes por el nuevo virus y muchas muertes por todo lo demás, porque al preparar los hospitales para atender la emergencia se dejó todo lo demás», aseguró Malaquías López Cervantes, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia por Coronavirus de la UNAM.

De acuerdo con el especialista de la Facultad de Medicina consultado por separado, lo ocurrido es cruel. «Los que murieron en sus casas y algunos hasta en la calle, refleja que la estrategia para enfrentar el Covid ha sido equivocada. Ha quedado claro que esta enfermedad no se combate internando a las personas, sino evitando que se contagien».

Al presentar el informe preliminar sobre las Características de las Muertes Registradas en México durante 2020, el Inegi informó que en 2020 fallecieron un millón 75 mil 779 personas y, en comparación con los 749 mil 500 decesos ocurridos en los últimos cinco años, hubo 326 mil 79 muertes más (43.5 por ciento) por Covid, pero también aumentaron los decesos por enfermedades del corazón, diabetes mellitus, influenza y neumonía u homicidios y suicidios.

El Covid-19 se convirtió en la segunda causa de muerte en el país, superando a las enfermedades del corazón, pero no para ocho estados donde fue la primera causa de muerte: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo y Sinaloa.

Para Alejandro Macías, ex zar de la pandemia de influenza de hace poco más de 10 años, el exceso de muertes en el país también es consecuencia de «la saturación del sistema de salud o de quienes no pudieron atender sus padecimientos, personas que se quedaron a la mitad de sus tratamientos. Son muertes indirectas, que también cuentan y son producto de la pandemia».

Estimó que para 2021 habrá al menos un número similar de muertes. «(Al final de la epidemia) el número de muertes contabilizadas por el Ministerio de Salud será el doble o 2,5 veces más, lo que significaría entre 600.000 y 700.000 muertes».

En medio de las acusaciones contra el gobierno del presidente López Obrador por un subregistro de muertes por el Covid-19, el Inegi dio a conocer que al cierre de 2020 hubo 201 mil 163 fallecimientos por el nuevo coronavirus, mientras que el sector Salud contabilizó sólo 148 mil 629 personas.

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México

Un 35% más de muertes por covid-19 en México que las contabilizadas oficialmente: INEGI

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México registró 201 mil 163 muertes por covid-19 en 2020, 35 por ciento más que el conteo oficial de la Secretaría de Salud (SSa) para ese periodo, informó este jueves el INEGI.

Con estas cifras, el coronavirus fue la segunda causa de muerte, representando casi una de cada cinco muertes, o el 18,5%.

Covid-19 se situó sólo por detrás de las 218.885 por enfermedades cardíacas y por encima de las 151.214 por diabetes, 90.645 por enfermedades malignas y 56.830 por gripe y neumonía.

El asesinato fue la octava causa de muerte, con 36.579 víctimas.

«De acuerdo con las cifras preliminares basadas en registros administrativos, en 2020 se registraron 201 mil 163 muertes por covid-19 en México, cifra comparable con las 148 mil 629 muertes confirmadas por covid-19 de las cifras oportunas de la SSa«, dijo Julio Santaella, presidente del Inegi.

México es el cuarto país con más muertes por Covid-19, con casi 240.000 fallecimientos y 2,79 millones de infecciones confirmadas por la Secretaría de Salud.

El recuento del Inegi se basa en los registros administrativos de los certificados de defunción de la oficina de registro, el servicio de medicina forense y los libros estadísticos de las fiscalías.

En los ocho primeros meses de 2020, el instituto registró 108.658 muertes por Covid 19 en enero, una cifra un 55,56% superior a los 69.849 casos notificados por las autoridades sanitarias.

La agencia detectó una brecha de género, ya que el 64,29% de las muertes por covida-19 fueron de hombres y el 35,71% de mujeres.

Desglosado por estados, la Ciudad de México encabezó la lista de muertes por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 con 32 muertes por cada 10.000 habitantes, muy por delante de Baja California con 21, el Estado de México con 21, Sonora con 21 y Coahuila y Chihuahua con 20 muertes.

Los estados con la menor tasa de muertes por covid-19 fueron Chiapas con cinco por cada 10.000 habitantes, Michoacán con ocho, Oaxaca con ocho, Nayarit con 10 y Jalisco con 11.

El Inegi señaló un millón 75 mil 779 muertes por todas las causas, cifra superior a las 749 mil 500 esperadas en promedio en los últimos cinco años, según la metodología de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

«Esto se traduce en un exceso de 326.279 muertes en 2020, lo que supone un 43,5%», dijo el presidente Santaella.

Además, la tasa de fallecidos por cada 10.000 habitantes fue de 86, 27 unidades más que la tasa de 59 fallecidos en 2019.

Las tasas más altas de muertes por cada 10.000 personas se dieron en la Ciudad de México con 116, en Chihuahua con 105, en Sonora con 94 y en Morelos y Veracruz con 93.

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México

Los profesores denuncian despidos masivos en las universidades de la 4T.

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MAZATLÁN. Profesores de las universidades Benito Juárez del Bienestar denunciaron despidos masivos por parte de la institución, que dejó de pagar sus salarios en la primera quincena de julio. Se trata de al menos 115 profesores y asistentes académicos de entre 70 y 80 sedes en varios estados del país, quienes además acusan acoso y maltrato por parte de la directora general de la institución, Raquel Sosa Elízaga.

Los profesores señalan que el 19 de julio recibieron un documento titulado terminación de convenio en el que se les notificaba el cese de sus actividades y se les pedía que lo firmaran como condición para recibir su última remuneración.

«Me dirijo a usted para extenderle nuestro sincero agradecimiento por el apoyo brindado hasta el 15 de julio de 2021, su participación ha sido muy valiosa para el desarrollo de la sede, pero por el momento no estamos en condiciones de renovar el convenio de prestación de servicios educativos con usted, esperamos que en el futuro podamos contar nuevamente con su intervención profesional», se lee en la carta firmada por Héctor Leonardo Martínez , director académico.

El Sol de México buscó la postura de Raquel Sosa Elízaga, sin embargo, al cierre de esta edición, no emitió ninguna respuesta.

Entre los planteles afectados por el despido masivo de maestros están: Etchojoa, Sonora; Cuencamé, Durango; Villa de Allende, Estado de México; Francisco I. Madero, Hidalgo; San Quintín, Baja California Sur; Chenalhó, Chiapas; y Cosalá, Sinaloa.

Uno de los denunciantes, que pidió el anonimato y que era un maestro con dos años de servicio en la Ciudad de México, declaró que también sabe de despidos en Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Coahuila.

«Dejaron de pagarnos el sueldo del 1 al 15 de julio, ahora nos condicionan el sueldo a cambio de que firmemos un acuerdo en el que perdemos derechos para proceder legalmente; claro que no lo dicen directamente así, pero es lo que es. Creo que muchos maestros van a firmar, lo grave es que crean la ilusión de que van a ser contratados en el futuro, pero es una mentira, porque a lo largo de este tiempo nos han mentido mucho», dijo.

Extraoficialmente, los trabajadores fueron informados de que habrá más recortes el 15 de agosto, por lo que hay un ambiente de inseguridad y ansiedad entre los que se quedan.

«No tenemos ningún contrato laboral, siempre hemos trabajado con convenios que tenemos que firmar a la fuerza, si no los firmamos no nos pagan y estos convenios tienen varias cláusulas, hay una en particular que dice que no tenemos derecho a prestaciones y que tenemos que llevar nuestros propios materiales, que no nos apoyan con nada, salvo lo que nos pagan», comentó otra maestra consultada.

Agregó que Raquel Sosa los amenaza constantemente con el despido, argumentando que los acuerdos sólo duran de enero a junio y de julio a diciembre.

Iliana Martínez era asistente académica en la Universidad del Bienestar Benito Juárez ubicada en el municipio de Calvillo, Aguascalientes. Desde hace año y medio se encargaba de actividades como la atención a los alumnos y el control escolar, pero actualmente su continuidad laboral está en entredicho y su trabajo la dejó con un accidente laboral del que las autoridades educativas no se han hecho responsables.

Lamentó que esta situación haya tenido su origen en situaciones ideológicas, ya que en reuniones que tuvieron vía Zoom con la directora general Raquel de la Luz Sosa Elízaga, ésta sostuvo que «la gente de pedagogía está formada en la educación neoliberal, no necesitamos asistentes académicos, pedagogos o psicólogos», por lo que emprendió una persecución contra el personal que labora en estas áreas.

Destacó que el personal de la Universidad del Bienestar Benito Juárez no cuenta con seguridad social, ya que son contratados a través de un esquema similar al outsourcing, en consecuencia, ella ha tenido que pagar por un accidente que tuvo dentro de la institución educativa, el cual ocurrió por un defecto en las sillas que tienen en el plantel, una de las cuales se rompió y le causó una lesión en la columna.

Por ello, Iliana Martínez interpuso una demanda por despido injustificado, ya que las autoridades universitarias le pidieron que firmara un recibo de pago y una carta admitiendo su despido, de lo contrario, no le pagarían la deuda correspondiente al mes de julio, condiciones que no aceptó, por lo que inició una batalla legal para hacer valer sus derechos.

Dos profesores de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García campus Francisco I. Madero, en el estado de Hidalgo, denunciaron la forma en que fueron contratados: sin prestaciones laborales ni seguridad social.

Gerardo Reyes denunció que no recibió su salario de la primera quincena de julio, al igual que su compañera Lizeth Guadalupe Sandoval. Con información de Tomás Dávalos /El Sol del Centro y Alberto González /El Sol de

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