Ante la nueva oleada de migrantes hacia su frontera sur, el gobierno de Estados Unidos ha definido una estrategia basada en principio en la inversión de 861 millones de dólares para el desarrollo del sur de México y de las naciones centroamericanas. Pero en Guatemala, El Salvador y Honduras la única respuesta para detener a los indocumentados ha sido la militarización de sus fronteras.

Especialistas consultados por El Sol de México consideran que el problema es que la crisis migratoria que sufre la región desde hace años no parece ser una prioridad para los gobiernos de Jimmy Morales (Guatemala), Juan Orlando Hernández (Honduras) y Nayib Bukele (El Salvador), los dos primeros debilitados políticamente tras varias acusaciones de corrupción y supuestos vínculos con el crimen organizado, mientras que en el caso del salvadoreño Bukele, que asumió el 1 de junio de 2019, su estrategia de gobierno para frenar la migración es aún una incógnita.

El problema de los gobiernos centroamericanos, explica Javier Urbano, especialista en temas migratorios de la Universidad Iberoamericana (Ibero), es que no han atacado las causas estructurales de la migración y sólo se han dedicado a beneficiarse de programas como el llamado Estatus de Protección Temporal (TPS), que durante años sirvió de alivio a la migración de Honduras y El Salvador; así como a recibir apoyos económicos de la Casa Blanca, sin resolver la pobreza y la violencia, principales causas de la migración.

Mientras que el gobierno guatemalteco, agrega Urbano, sólo ha reforzado su política migratoria enviando más militares a sus fronteras y se ha dedicado a disolver las caravanas o a realizarles pruebas de ADN, sin mejorar las condiciones de las comunidades mayas, que representan la mayoría de los migrantes guatemaltecos que han sufrido exclusión y persecución histórica y tienen las peores condiciones de desarrollo humano del hemisferio.

El gobierno de Hernández en Honduras, según Eduardo Bueno, profesor e investigador de la Universidad de las Américas, mantiene una respuesta similar en la frontera norte: reforzar la presencia de agentes. «El año pasado, miles de hondureños formaron parte de la caravana de migrantes que demostró la incapacidad del presidente para frenar la violencia que desangra al país. Fue un golpe que el mundo descubriera que su gente se va o que el Estado no funciona, pero también la oportunidad de hacer lo que Estados Unidos quería: detener militarmente a la gente, con la frontera cerrada, para evitar que se vaya», explica el experto.

Para Bukele, en El Salvador el panorama no es mejor, ya que la nación centroamericana aceptó desde 2019 un acuerdo con Washington para que los migrantes salvadoreños que buscan asilo en Estados Unidos sean devueltos a su país a pesar del peligro que corren.

Por su parte, México presentó a mediados de 2019 el llamado Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica, elaborado junto con el brazo de desarrollo de la ONU en la región (CEPAL) y que pretende promover inversiones millonarias para generar empleo y bienestar para combatir las causas de la migración.

El plan, sin embargo, no prosperó con la administración de Donald Trump, que nunca completó los 10 mil millones de dólares que prometió para impulsar a Centroamérica. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca ahora revivir este acuerdo con el gobierno de Joe Biden, quien ha condicionado la ayuda económica a la lucha contra la corrupción en la región.

Por el momento, México también ha acordado reforzar su frontera sur con el envío de más personal militar, además de imponer medidas sanitarias que prácticamente han cerrado su frontera con Guatemala a los migrantes.

Pablo Pérez Akaki, investigador de la Fundación Pablo Landsmanas, critica lo que considera la «criminalización» de la migración y la respuesta de militarizar las fronteras para impedir el paso de los migrantes, en detrimento de medidas que combatan las causas de esta migración, como la miseria, la violencia que desangra el Triángulo Norte, la falta de oportunidades para los más jóvenes y la falta de acceso a servicios básicos de calidad.

«La solución al problema migratorio tiene que venir de un proceso interno de las sociedades para lo cual hay que crear una estructura paralela con recursos y con una permanencia institucional a largo plazo, externa, de agencias de desarrollo interesadas en trabajar a largo plazo para reducir la pobreza, la violencia, la corrupción, para que la gente no opte por abandonar sus lugares de origen», afirma.

Para Aidé Mendoza, investigadora de la Universidad Anáhuac, se debe cambiar el enfoque de control migratorio, en el que sólo se incentiva a los migrantes a no salir de sus países, por uno que brinde oportunidades reales de regularización.