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El presidente chileno militariza la zona del conflicto mapuche

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Sebastián Piñera, presidente de Chile, decretó este martes el estado de excepción y la militarización de la zona donde se han producido ataques, incendios y violentos enfrentamientos con indígenas mapuches que reclaman la propiedad de tierras ancestrales.

«Hemos decidido decretar un estado de excepción» en cuatro provincias de las sureñas regiones del Biobío y La Araucanía, que «contempla la designación de jefes de la defensa nacional» para controlar una situación de «grave alteración del orden público», anunció Piñera.

Son de «público conocimiento» los «graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado cometidos por grupos armados» en esas provincias, donde han muerto «personas inocentes» y policías, dijo Piñera.

El anuncio del presidente se produjo, rodeado de polémica, en el día en que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, que desencadenó la conquista europea y la masacre de los pueblos originarios.

«Es el día en que no podemos celebrar la muerte de nuestros pueblos, el tiempo de la violencia en nuestras comunidades, la pobreza, el maltrato a nuestros niños, a las mujeres», dijo la académica mapuche Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constituyente que debe redactar una nueva Constitución para Chile. «Es un día de resistencia a nivel de todo el continente», añadió.

El estado de excepción se mantendrá en principio durante 15 días en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y Malleco y Cautín, en la Araucanía; sin embargo, puede durar hasta 30 días.

Los mapuches, la etnia más numerosa de Chile, con más de 1,7 millones de habitantes, exigen la restitución de las tierras ancestrales, que están en manos de empresas forestales y terratenientes.

Durante la última década, la falta de diálogo y soluciones por parte de las autoridades ha provocado una escalada de violencia, con ataques incendiarios a propiedades privadas y camiones. También se ha denunciado la presencia de grupos de narcotraficantes y organizaciones de autodefensa, así como operaciones policiales supuestamente montadas para inculpar a los indígenas.

El domingo pasado, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes durante una marcha en Santiago a favor del pueblo mapuche causaron la muerte de la estudiante de derecho Denisse Cortés, de 43 años, identificada inicialmente por las autoridades como abogada.

La mayoría de los mapuches viven en la pobreza y han visto sus tierras ancestrales reducidas por la expansión de la próspera industria maderera, responsable del 8% de las exportaciones.

Las regiones de Biobío y La Araucanía, situadas a unos 600 km al sur de Santiago, son una zona fértil de más de 55.000 km2 con cultivos agrícolas, extensos bosques y volcanes nevados, donde viven 2,7 millones de personas.

En el marco del estado de emergencia, las Fuerzas Armadas prestan apoyo logístico y también contribuyen con patrullaje y transporte a los procedimientos policiales. Piñera aseguró que esta medida «en ningún caso va dirigida contra un pueblo o grupo de ciudadanos».

El presidente puede prorrogar el estado de excepción por otros 15 días, pero para extenderlo por más de un mes requiere la aprobación del Congreso.

Para la analista política Lucía Dammert la militarización puede provocar una «escalada» en el conflicto mapuche.

«El gobierno ha sido incapaz de generar una política efectiva y justa para resolver los problemas en la Araucanía y este estado de excepción es visto como una respuesta de militarización que podría ser parte de una escalada de violencia», expresó a la AFP la académica de la Universidad de Santiago.

Por su parte, el gobernador de la Araucanía, el oficialista Luciano Rivas, apoyó la militarización, afirmando que en su región hay «una crisis de seguridad muy profunda».

«Estamos viviendo hoy una situación muy compleja donde las policías están desbordadas por grupos con armas de grueso calibre», dijo Rivas a CNN Chile.

Las demandas mapuches comenzaron a ser escuchadas tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, pero han cobrado fuerza tras el estallido social de octubre de 2019.

En la Convención Constituyente -instalada hace 100 días- 17 de sus 155 miembros son representantes de 10 pueblos originarios, siete de ellos mapuches.

Sin embargo, algunos líderes indígenas dudan que la nueva Carta Magna pueda satisfacer sus demandas de tierras y autodeterminación.

En el siglo XVI, los mapuches resistieron la expansión de los incas y luego de los conquistadores españoles, que nunca los sometieron. Pero hacia 1870, las comunidades indígenas de la Araucanía fueron sometidas por el ejército chileno, que inició el proceso de asentamiento de colonos extranjeros y el cambio de propiedad de las tierras ancestrales.

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El Senado aprueba el informe que acusa a Bolsonaro de crímenes de lesa humanidad

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El informe que acusa al presidente Jair Bolsonaro de «crímenes de lesa humanidad» y otros delitos por su errática gestión de la pandemia del covid-19 fue aprobado este martes por una comisión parlamentaria y ahora será enviado a la Justicia.

El documento, aprobado por siete votos a favor y cuatro en contra, describe en 1.287 páginas los resultados de la investigación realizada por una comisión de once senadores sobre la actuación del Gobierno ante una pandemia que ya ha matado a más de 606.000 personas en el país.

La comisión dijo haber encontrado irregularidades muy graves, que la llevaron a formular nueve cargos contra Bolsonaro y varios cargos contra cuatro ministros, tres hijos del presidente, asesores del gobierno y parlamentarios, incluidos en un total de 80 acusados, entre ellos dos empresas del área médica.

En el caso del líder de la ultraderecha, se le acusa de crímenes de lesa humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al crimen, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y ataques a la dignidad del cargo.

Las acusaciones serán presentadas próximamente a la justicia ordinaria y, en lo que respecta a Bolsonaro, a la Fiscalía General, al Tribunal Supremo y a la Corte Penal Internacional de La Haya, en este último caso por supuestos crímenes de lesa humanidad.

En los documentos que serán enviados a la corte, se incluyó un pedido para que Bolsonaro sea «suspendido» por tiempo indeterminado de las redes sociales, en las que tiene una actividad febril y que ha utilizado para difundir masivamente información falsa sobre la pandemia.

La última de ellas, la semana pasada, cuando insinuó en una transmisión en vivo que quienes toman dos dosis de vacunas tienen mayor riesgo de contraer el sida, lo que llevó a Facebook e Instagram a eliminar ese video y a Youtube a suspender la cuenta del presidente por siete días.

LA PRINCIPAL SOSPECHA: LA BÚSQUEDA DE LA INMUNIDAD POR CONTAGIO

A lo largo de su trabajo, la comisión celebró 69 audiencias en las que interrogó a casi un centenar de personas y descubrió desde indicios de presunto fraude en las negociaciones para la compra de vacunas, hasta una estructura de difusión de noticias falsas y una supuesta «estrategia» del Gobierno para acelerar los contagios.

Según el informe final, el propio Bolsonaro «alentó repetidamente a la población a romper el distanciamiento social, se opuso al uso de mascarillas, promovió aglomeraciones e intentó descalificar las vacunas».

Pero todo ello, concluyó la comisión, escondía en realidad «una estrategia basada en la idea de que el contagio natural induciría a la inmunidad colectiva» y que fue «consecuencia» de una «decisión política dirigida exclusivamente a la rápida reanudación de las actividades económicas».

UN MONUMENTO CONMEMORATIVO Y UNA PENSIÓN PARA LOS «HUÉRFANOS DE LOS CÓVIDOS».

En sus conclusiones, el informe recoge la decisión de crear, en la propia sede del Senado, un memorial en recuerdo de los muertos por el covid en Brasil.

«Para que nunca olvidemos lo que ocurrió en este país y a las personas inocentes que pagaron con sus vidas la conducta irresponsable del Gobierno en la gestión de la pandemia. Para que nunca olvidemos«, dice el informe, que también «compromete» a los miembros de la comisión a «vigilar» los procesos que seguirán ahora en los tribunales.

Además, el informe propone que se conceda una pensión equivalente a un salario mínimo a los «huérfanos covídicos», como se conoce a los niños que han perdido a su padre, a su madre o a ambos, y que, según un reciente informe publicado en la revista Lancet, se cree que son unos 113.000.

El último minuto de la comisión parlamentaria, tras casi 100 horas de audiencia, fue de silencio, en memoria de las víctimas.

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¿Cuáles son los requisitos para viajar a Estados Unidos a partir del 8 de noviembre?

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El gobierno de Estados Unidos confirmó este martes que a partir del próximo 8 de noviembre, los extranjeros que viajen por vía aérea deberán estar completamente vacunados y presentar una prueba de haber sido vacunados antes de abordar un avión con destino a su territorio.

A través de un mensaje emitido por su embajada en nuestro país, el Departamento de Estado destacó que sólo se permitirá el ingreso de personas inoculadas con medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud, lo que deja fuera a los mexicanos vacunados con Sputnik V y CanSino. La prueba debe realizarse tres días antes del viaje.

«Esta política prioriza la salud pública al proteger a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, así como a las personas que nos visitan. Teniendo en cuenta que antepone la salud pública a otras prioridades, las excepciones a esta política serán extremadamente limitadas: incluirán a los menores de 18 años y a ciertas personas en países donde las vacunas aún no están disponibles», señala el mensaje.

Añade que las directrices actualizadas sobre viajes también incluyen nuevos protocolos relacionados con las pruebas. «Con el fin de reforzar aún más las protecciones, los viajeros no vacunados -ya sean ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales (LPR) o el pequeño número de extranjeros no vacunados que están exentos- deberán someterse a pruebas durante el día anterior a la salida», explica.

Asimismo, para aquellos que estén vacunados, se mantiene el requisito de hacerse la prueba en los tres días anteriores al vuelo. «Asegúrese de que está en condiciones de viajar al extranjero y de que puede regresar consultando la información disponible en la sección de información para viajeros COVID-19 (state.gov) y en cdc.gov», añade.

Por último, justifica que esta política permitirá reanudar los viajes internacionales regulares a quienes tengan el calendario de vacunación completo. «La familia y los amigos podrán volver a verse, y los turistas podrán visitar nuestros parques nacionales y lugares emblemáticos. Esta política ayudará a impulsar la recuperación económica de Estados Unidos y nos complace anticipar que entrará en vigor el 8 de noviembre», subrayó.

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Un ciberataque paraliza las gasolineras en Irán

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Las gasolineras de Irán quedaron paralizadas este martes tras un ciberataque que inhabilitó las tarjetas de los usuarios para acceder al combustible, informó la televisión estatal iraní.El corte de suministro en las gasolineras de Teherán y otras ciudades iraníes se produjo a media mañana y ha durado varias horas, lo que ha provocado largas colas en las estaciones de servicio. La televisión estatal iraní citó a fuentes del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país que describieron la paralización de las estaciones como un «ciberataque», sin dar más detalles.El Ministerio del Petróleo, por su parte, informó de que debido a «un problema técnico en el sistema de tarjetas inteligentes de combustible el uso de las tarjetas se ha interrumpido en todo el país».En Irán los conductores disponen de una tarjeta para tener acceso a la gasolina subvencionada en las gasolineras. Tras varias horas sin servicio, las gasolineras empezaron a recuperarse, según la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos, que envió técnicos a las gasolineras para desactivar el sistema de tarjetas inteligentes. «El 40% de las gasolineras de todo el país han reanudado el servicio», dijo a IRNA la portavoz de la compañía, Fateme Kahi. «En estas estaciones se puede suministrar gasolina y gasóleo», añadió, mientras que el gobernador provincial de Teherán, Mohsen Mansuri, dijo que el combustible se podía pagar en efectivo en la capital iraní. En una gasolinera del barrio de Jordania, Efe comprobó que el apagón había durado más de una hora y que se había formado una larga cola de vehículos. «El sistema no funciona desde hace una hora. No sé por qué«, dijo a Efe el gerente de la gasolinera.Teherán ha reconocido que los ciberataques vinculados a gobiernos hostiles son habituales en su territorio en los últimos años, sin dar detalles por «razones de seguridad».

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