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México

El Inai publica información sobre el caso Pegasus

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) publicó en su micrositio «Ante la opinión pública» información sobre la intervención de comunicaciones privadas y el caso Pegasus.

Se trata de una sección que reúne todas las solicitudes de acceso a la información y denuncias, así como los contratos contenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en el sistema Compranet relacionados con el caso.

«El objetivo es contribuir a una mejor rendición de cuentas hacia la sociedad sobre los recursos públicos destinados por el Gobierno Federal para la intervención de comunicaciones privadas, actividad que representa una grave amenaza para la protección de los datos personales y la privacidad de los ciudadanos», señaló en un comunicado.

De acuerdo con el Instituto, del 10 de febrero de 2004 al 19 de julio de 2021 se identificaron 3 mil 983 solicitudes de acceso a la información en la materia, siendo la Procuraduría General de la República, con 641, y las secretarías de la Defensa Nacional, con 561; de Gobernación, con 518; de Hacienda y Crédito Público, con 434; de Marina (Semar), con 335, y de Seguridad y Protección Ciudadana, con 308, las dependencias que acumularon el mayor número.

En cuanto a las quejas, señaló que un total de 315 fueron presentadas por la insatisfacción de las personas con la respuesta dada a sus solicitudes. «De ese total, en 105 casos, el Pleno modificó la respuesta y, en 37, la revocó para instruir la entrega de información; en el resto de los recursos resolvió confirmar, desechar, sobreseer u ordenar.»

Por quejas, nuevamente la FGR es la que más acumula con 62, seguida de la Sedena con 37; la Segob con 32; el Consejo de la Judicatura Federal con 28, y la Oficina de la Presidencia de la República con 27.

«Destaca el recurso RRA 6309/17, en el que el Pleno del Inai ordenó a la entonces Procuraduría General de la República entregar versión pública del contrato celebrado para la adquisición del software conocido como Pegasus

Cabe recordar que la PGR había reservado el contrato en su totalidad; sin embargo, se determinó que era conveniente entregar la versión pública, protegiendo únicamente las especificaciones técnicas y métodos de operación del software, así como los datos de las personas que participaron en la contratación y tuvieron conocimiento de su operación.

Otro asunto relevante es una investigación sobre la protección de datos personales iniciada contra la FGR, en la que el Inai determinó que la Procuraduría incumplió con el deber de seguridad y el principio de responsabilidad, previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dando aviso al Órgano Interno de Control de la FGR y a la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, se determinó presentar una denuncia ante el Ministerio Público por hechos presuntamente constitutivos del delito de ejercicio ilegal del servicio público.

En cuanto a la información disponible en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), se localizó el contrato suscrito por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, de la entonces PGR, por un monto de 107 millones 786 mil 823 pesos.

El objeto del contrato fue el «servicio de actualización de licencias y nuevos dispositivos de software, mantenimiento y mejoras en los servicios, servidores y estaciones de trabajo de la plataforma NSO Pegasus de la Procuraduría General de la República».

Además, se identificaron 16 contratos firmados por distintas dependencias, a nivel federal y estatal, con las empresas que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP relacionadas con la adquisición de Pegasus, entre los que se localiza uno celebrado entre la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y la empresa Proyectos y Diseños VME, en agosto de 2016, por un monto de 113 millones 41 mil 500 pesos.

Finalmente, se localizó en el sistema Compranet del Gobierno Federal un contrato suscrito por la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el arrendamiento de licencias de software Pegasus.

Puedes visitar el micrositio aquí: http://inicio.inai.org.mx/SitePages/AnteLaOpinionPublica.aspx

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México

Jorge Alcocer acepta desabasto de medicamentos oncológicos

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Durante una acalorada comparecencia en el Pleno de San Lázaro, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aceptó la falta de medicamentos durante la pandemia del Covid-19 y de insumos para tratamientos oncológicos, debido al cierre de las fronteras de los principales países proveedores, China e India, que dejaron de suministrar los insumos.

En medio de fuertes cuestionamientos de la oposición conformada por el PAN, PRI, PRD y MC, Jorge Alcocer reconoció que hay una diferencia en las cifras de contagios y muertes por Covid-19, y en el caso del gobierno, hasta el momento se han contagiado 3 millones de personas, 286 mil muertes y que México lleva 11 semanas de declive tras la tercera ola de esta pandemia.

Ante el alto número de muertes por la pandemia, en el turno de Marta Romo, los panistas le regalaron a Jorge Alcocer una lápida con su nombre y fecha de nacimiento (1946), y le dijeron que «así lo recordará la gente».

A cada ataque de la oposición contra las políticas públicas de la Cuarta Transformación, Jorge Alcocer tuvo una respuesta, incluso refirió que México está en el octavo lugar del mundo en número de población vacunada.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, dijo en tribuna ante el secretario de Salud, que el subsecretario Hugo López Gatell tendrá que ser juzgado por haber provocado tantas muertes por la pandemia, por tener una estrategia equivocada para abatir los estragos de la pandemia y por la falta de medicamentos.

Jorge Alcocer dijo que, además de reconocer que hay un déficit de más de 170 mil médicos en el país, señaló que hay una reducción generalizada de 84 por ciento en la ocupación hospitalaria, lo que significa que sólo 22 por ciento de las camas generales y 20 por ciento de las que tienen ventilador permanecen ocupadas.

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México

México propone a EEUU invertir millones de dólares para frenar la migración

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Jorge Aguilar Reyna, coordinador territorial de Sembrando Vida Tapachula, anunció que el gobierno mexicano ha propuesto a Estados Unidos invertir mil millones de dólares para frenar la migración mediante el fortalecimiento del programa Sembrando Vida.

Todavía no se sabe cuánto invertirá Estados Unidos, pero sí se sabe que apoyará este programa, que ha tenido buenos resultados en México para frenar la migración.

«México ya ha presentado una propuesta de inversión inicial de mil millones de dólares a Estados Unidos, en la que se está trabajando. Parte de los protocolos o pasos de inversión fue la visita de John Kerry, el enviado especial del gobierno estadounidense para el cambio climático», dijo.

Señaló que esto es lo mínimo que se puede pedir para replicar el programa Sembrando Vida para Centroamérica, al menos en tres años, y que esto puede reducir mucho la migración, y eso es lo que está demostrando México.

«Este programa está provocando que los plantadores y sus jóvenes hijos mexicanos propietarios de tierras regresen a nuestro país. Un ejemplo de ello es la comunidad de Santa Rita, en el municipio de Acacoyagua, que ya no contaba con una persona, pero gracias a este programa han regresado», dijo.

Aseguró que el programa no sólo trata de crear un incentivo para no emigrar, sino también de fomentar el desarrollo en el país y crear un polo de crecimiento.

«Podemos detener la migración porque tenemos agua, tierra y el conocimiento de nuestros antepasados. Lo que nos falta es inversión, acompañamiento e infraestructura vial para transportar las cosechas», dijo.

Destacó que la visita de alto nivel de las autoridades estadounidenses era para ver la aplicación del programa Sembrando Vida, así como las medidas sobre el cambio climático que quería conocer.

Por último, explicó que las autoridades estadounidenses querían conocer muy bien el programa Sembrando Vida para replicarlo en los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

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México

La prisión preventiva oficiosa castiga la pobreza: Arturo Zaldívar

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Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó que la mayoría de las personas en prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos, por lo que afirmó que esta medida suele castigar la pobreza.

«La mayoría de las personas que están en prisión preventiva no oficial tienen recursos limitados. Es una sentencia sin sentencia, que suele castigar la pobreza. Tenemos que avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como una excepción», escribió el ministro en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones del ministro se producen un día después de que el máximo tribunal del país invalidara la prisión preventiva no oficial por los delitos de contrabando, fraude fiscal y uso de facturas falsas, diciendo que violaba los derechos humanos de los afectados.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que esta decisión protege la corrupción y hace que no se castigue a todos por igual, por lo que se opuso.

«No estoy de acuerdo por supuesto, creo que sigue protegiendo a las minorías y sólo castiga a los que no tienen influencia o nada para comprar su inocencia, me parece que no han actuado bien», dijo.

Por ello, Zaldívar justificó su voto a favor de la inconstitucionalidad de la medida, argumentando que el decreto firmado por el presidente y la entonces ministra del Interior, Olga Sánchez Cordero, violaba los derechos humanos por ser «inconstitucional, ya que contradice el principio de presunción de inocencia».

En otro mensaje difundido a través de su cuenta de TikTok, el ministro reiteró que «en México hemos abusado por mucho tiempo de la prisión preventiva. En muchos casos, las investigaciones se retrasan, afectando sobre todo a miles de personas pobres, que no tienen forma de conseguir un buen abogado.

Por ello, dijo que la prisión preventiva no oficial, que se ordena automáticamente sin examinar las circunstancias del caso, viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

«Esto no significa que delincuentes peligrosos o personas que han defraudado al país estén en libertad sin prisión preventiva oficiosa, sólo significa que en estos casos el juez debe tomar una decisión que justifique por qué una persona debe ser detenida mientras se aclara su responsabilidad», dijo.

Cabe destacar que ayer el Tribunal anuló la prisión preventiva automática, por lo que la prisión preventiva continuará en estos casos mientras las autoridades la justifiquen ante un juez.

Con información de Rafael Ramírez, Javier Divany y Saúl Hernández.

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