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México

El gobierno contrató a 22.236 médicos

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El gobierno federal asignó el 69,5 por ciento de los 22.236 médicos que contrató hace ocho meses para atender la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, informó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El primer balance realizado por el Insabi señala que se autorizó «la asignación» de 19 mil 953 personas y al cierre de 2020 se contrataron 15 mil 464 médicos, enfermeras y especialistas que fueron distribuidos en hospitales de 30 estados, Centros Federales de Reinserción Social y unidades que prestan servicios de atención médica de la Secretaría de Salud.

En tanto, 6 mil 772 médicos que se incorporaron a los hospitales reconvertidos se quedaron sin plaza, debido a la falta de presupuesto para mantenerlos trabajando.

El documento detalla que a través de convenios de colaboración con las diferentes instituciones federales de salud y los gobiernos de las entidades, se logró la contratación de personal.

Se trata de 11 Hospitales de Alta Especialidad e Institutos Nacionales de Salud, a los que se transfirió un monto de mil 268.4 millones de pesos para la contratación de cuatro mil 29 plazas para atender a los pacientes diagnosticados con la enfermedad Covid-19.

Por separado, se contrataron 19 mil 123 trabajadores de la salud con un costo de 6 mil 601.2 millones de pesos, con los cuales se brindó atención a pacientes con Covid-19 en diversas entidades del país.

El 4 de abril del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para fortalecer la capacidad de atención médica durante la pandemia de Covid-19, se contrataría al personal de salud necesario.

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México

SFP declara infundada denuncia contra ex gobernador de Chihuahua por desvío de 20 millones de pesos

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Los abogados del ex gobernador de Chihuahua, César D, informaron que la Secretaría de la Función Pública del Estado declaró improcedente una denuncia en su contra por un presunto desvío de 20 millones de pesos del erario público.

A través de un comunicado, comentaron que fue la semana pasada, cuando personal de la Función Pública a través de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, notificó un acuerdo mediante el cual se declaró improcedente una denuncia.

Lo anterior fue informado por el representante legal del ex mandatario, Juan Carlos Mendoza Luján, quien indicó que el procedimiento que se había presentado el 13 de diciembre de 2019 quedó sin efecto y se consideró como un asunto concluido y archivado.

Mendoza Luján, señaló que dicho procedimiento administrativo disciplinario, derivó de una denuncia, por parte de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno de Chihuahua.

Agregó que la denuncia se refería al presunto daño de 20 millones de pesos al erario público, que podría ser sancionado hasta con el triple de lo requerido, lo que representaría una multa de hasta 60 millones de pesos de acuerdo a la normatividad aplicada por la Función Pública.

«El hecho de que no haya procedido con base en los argumentos, fundamentos y documentos presentados por esta defensa a favor del ex gobernador. Este procedimiento concluido a favor de nuestro defendido es el segundo que emite la Secretaría de la Función Pública en el mismo sentido y con el mismo resultado en menos de un mes», informó el abogado.

Por otro lado, dijo que su despacho tiene sólidas expectativas en la sentencia que resulte del juicio de amparo ante la Justicia Federal, que se resolverá en las próximas tres semanas.

«Nuestra defensa está haciendo valer la multiplicidad de actos reclamados en contra de diferentes autoridades, principalmente estatales, entre ellas el propio gobernador Javier Corral Jurado, así como diversos funcionarios de primer nivel por violaciones flagrantes, reiteradas, continuas e incesantes al Debido Proceso, entre ellas, la Garantía de Defensa, Seguridad Jurídica, Presunción de Inocencia, Privación al Derecho de Propiedad; Persecución Política a través de la Garantía de No Discriminación; así como la omisión dolosa por parte de un Juez de Control del Distrito Morelos de la declaración de nulidad de actos procesales por violaciones a los Derechos Humanos que están perfectamente acreditados en dicha demanda», concluyó.

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México

México desciende en la lucha contra la corrupción por tercer año consecutivo

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México experimentó un tercer año consecutivo de descenso en la lucha contra la corrupción debido a la pandemia del coronavirus, según una encuesta anual de países latinoamericanos elaborada por Americas Society/Council of the Americas y Control Risks.

La clasificación abarca 15 países latinoamericanos -que representan casi el 95 por ciento del PIB de la región- y los evalúa y clasifica en función de la eficacia de su lucha contra la corrupción, considerándose que los que obtienen puntuaciones más altas tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean perseguidos y castigados.

El índice evalúa la eficacia de los países en la lucha contra la corrupción basándose en variables como la transparencia del gobierno, los recursos judiciales y la calidad de la prensa. Clasifica a Venezuela como la menos preparada de las 15 naciones, y a Uruguay como la mejor.

El informe constató un descenso en la eficacia e independencia de los organismos anticorrupción en casi todas las naciones del subcontinente.

El índice CCC concluye que 5 de los 15 países evaluados registraron descensos significativos en sus puntuaciones; 7 permanecieron sin cambios y tres aumentaron notablemente, y constata que los dos países y economías más grandes de América Latina, Brasil y México, sufrieron algunas de las caídas más pronunciadas.

Brasil registró la caída más pronunciada en sus puntuaciones anuales, impactado por el desmantelamiento en febrero del grupo de trabajo anticorrupción Lava Jato, así como por el nombramiento por parte del presidente Jair Bolsonaro de funcionarios percibidos como menos independientes para dirigir la policía federal y la fiscalía.

En cuanto a México, su puntuación cayó un 7 por ciento en 2021 -del octavo al undécimo lugar- y, en este caso, pesaron variables como las que miden la independencia de la fiscalía general y de los organismos anticorrupción.

México ha caído en su puntuación durante tres años consecutivos, también debido a los importantes recortes presupuestarios al sistema nacional anticorrupción como parte de las medidas de austeridad para hacer frente al impacto económico de la pandemia.

El informe de Americas Society/Council of the Americas y Control Risks indica que, a pesar de la retórica anticorrupción que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manejado desde 2018 y sus declaraciones de que «no hay más corrupción», «siguen sin resolverse casos de corrupción prominentes, como el del ex director general de PEMEX Emilio Lozoya, mientras que han surgido acusaciones de corrupción que involucran a políticos, incluidos miembros del partido MORENA.»

En cuanto a la capacidad jurídica, México bajó 8 por ciento y el informe lo equipara al nivel de Venezuela en cuanto a la independencia del fiscal general, mientras que «el Sistema Nacional Anticorrupción no se ha implementado y ha sufrido importantes recortes presupuestarios», por lo que la variable que evalúa la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción bajó 13 por ciento.

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México

AMLO considera que hubo filtraciones a The New York Times en informe de la L12

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El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que hubo filtraciones de información a The New York Times en el caso de la tragedia de la Línea 12 del Metro.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario asumió que el trabajo de investigación del diario estadounidense publicado este domingo sobre la posible causa del colapso se basó en filtraciones, pues indicó que «eso siempre ha existido».

«Es muy difícil que no haya filtración de información. Hay que esperar el informe, entiendo que esta semana se dará a conocer el informe sobre el motivo de este desgraciado accidente que provocó el derrumbe de esta esclusa y la muerte de 26 personas».

El jefe del Ejecutivo echó por tierra la postura de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando ayer rechazó que la información se haya filtrado a los medios de comunicación.

«Sobre la nota que apareció hoy en el NYT sobre la línea 12 y la afirmación que algunos han hecho de que la información provino del gobierno de la Ciudad, aclaro categóricamente que nunca hemos utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer nuestro trabajo. Y menos a un medio de comunicación que ha buscado confrontar la Cuarta Transformación«, escribió a través de su cuenta verificada.

«Hemos sido muy responsables al esperar opiniones técnicas y profesionales. No es nuestro estilo filtrar información y nunca lo será. Nos caracterizamos por decir la verdad directamente sin intermediarios», agregó.

López Obrador dijo que ningún gobierno está exento de filtraciones porque no se puede garantizar «que los servidores públicos actúen con lealtad».

«Las filtraciones son consustanciales a la política y no hay nada que ocultar, hay que hacer más pública la vida pública y cuando tengamos la denuncia la daremos a conocer y procederemos, la fiscalía debe intervenir», señaló.

Finalmente, el Presidente anunció que brindará todo el apoyo para reactivar la línea afectada. «Lo que estoy planteando, lo que le he dicho al jefe de Gobierno es que vamos a ayudar para que independientemente de la investigación judicial y del castigo a los responsables, podamos rehabilitar pronto la línea 12 porque es un servicio que beneficia a mucha gente en el Estado de México, Chalco, Tláhuac, Iztapalapa».

La investigación del diario estadounidense afirmó que hubo presiones para que la Línea 12 del Metro se terminara pronto y que la obra fue de mala calidad.

Acusó que el oportunismo político y las obras descuidadas fueron las principales causas del accidente que dejó 26 muertos y más de 80 heridos.

También señaló directamente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y al empresario mexicano, Carlos Slim, dueño de la constructora que realizó el tramo de la línea que se desplomó.

Asimismo, indicó que auditores federales encontraron que las autoridades de la ciudad autorizaron trabajos de mala calidad, incluso mientras se construía la obra.

Además, presentó datos en los que asegura que, de acuerdo con una investigación de 2014 de la Asamblea Legislativa de la ciudad, la certificación del metro se dio poco menos de una hora antes de su inauguración a pesar de que aún faltaban algunos detalles de la construcción.

El medio asegura que una de las hipótesis, aunque no es definitiva, es que al pasar el tren, las vigas se deslizaron hacia adentro y el tirante de la estructura se dobló, dejando caer el vehículo que pasaba por encima.

El colapso del metro ocurrió la noche del 3 de mayo, cuando una viga de un puente elevado de la línea 12 entre las estaciones Olivos y Tezonco cedió, donde un vagón que transportaba pasajeros quedó varado en forma de «V».

El accidente dejó 26 muertos y más de 80 heridos. Los familiares y las víctimas reclaman justicia desde entonces y aún no están claras las responsabilidades, aunque la indemnización del seguro del metro para los familiares de los fallecidos es de 650 mil pesos.

Con información de EFE

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