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México

Cuatroté abogará por un registro nacional para proteger a las mujeres que han sido víctimas de la violencia.

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Tres años después de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, y tras dos años consecutivos de aumento de la violencia de género en la pandemia de Covid 19, Cuatroté establecerá un registro nacional de órdenes de protección concedidas, emitidas y efectivas, tras una evaluación de las mujeres afectadas por cualquier forma de violencia en México.

La Comisión Nacional para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres anunció que creará centros de justicia para mujeres en zonas con altos índices de violencia de género, después de que el año pasado se cerraran refugios para mujeres debido a las medidas de austeridad.

Para hacer frente a la violencia a la que se enfrentan más de 19,1 millones de mujeres, de las cuales 8,2 millones se encuentran en situación de violencia grave y 4 millones en situación de violencia muy grave, la Alerta Amber y el Protocolo Alba se armonizarán en todo el país con los más altos estándares de protección durante los próximos tres años.

El objetivo es mejorar la coordinación entre la Conavim, los gobiernos estatales y las fiscalías locales.

El documento enumera más de 103 acciones que se pondrán en marcha en los próximos años, entre las que se encuentra promover la normalización de los protocolos de actuación inmediata con perspectiva de género para las policías municipales, comunitarias y estatales.

Propone cambiar los libros de texto gratuitos para difundir medidas de prevención y eliminación de diversos tipos de violencia, discriminación y estereotipos.

Prevé el registro de sanciones para los funcionarios públicos que no cumplan con las normas y protocolos para la prevención y eliminación de la discriminación y la tortura sexual, y promueve la creación de un responsable social de género para medir los avances en los acuerdos de la Comisión del Sistema Nacional.

Para dar alternativas a las víctimas de la violencia, una vez que se cuente con el Registro Nacional de Mujeres Víctimas que Reciben Protección del Estado, el Gobierno Lopezobradorista pretende incluir a todas estas mujeres y a sus familiares indirectos que también son víctimas en los programas sociales, particularmente en las Becas Benito Juárez para el Bienestar, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Sembrando Vida y Tandas para el Bienestar.

En el proceso de denuncia, reconoce la necesidad de mejorar la capacitación del personal de salud en la NOM-046-SSA-2005 para atender los casos de violencia familiar y sexual contra las mujeres y evaluar su impacto en la adecuada atención y denuncia de los casos.

Los cuatro objetivos a medio plazo del programa para la administración federal son: «Reducir la violencia contra las mujeres mediante medidas preventivas para eliminar los factores de riesgo».

Prevé promover servicios de atención integral especializada con enfoque interseccional e intercultural para las mujeres víctimas de violencia, promover la procuración y gestión de recursos con perspectiva de género para garantizar la sanción, la reparación del daño y la no repetición de los delitos ante las instancias competentes a nivel nacional, e impulsar acciones de coordinación para institucionalizar la eliminación de la violencia contra las mujeres en el Estado mexicano.

En el diagnóstico, el gobierno federal señala que la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas, esposos, novios, ex-novios, ex-parejas o ex-esposos a lo largo de su vida en México es «severa y muy severa» en 64% de los casos. Esto significa que de los 19,1 millones de mujeres que sufren violencia, 8,2 millones se ven afectadas por la violencia grave y 4 millones por la violencia muy grave.

«La principal consecuencia de esta gravedad es que se pone en riesgo la vida de las mujeres y se deteriora su calidad de vida y la de sus hijos.

Se calcula que cada mujer pierde 30 días de trabajo remunerado y 28 días de trabajo no remunerado cada año debido a la violencia de su pareja.

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México

Se necesitarán dos décadas para resolver la corrupción: Jorge Alatorre

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En México, la fragilidad institucional y los usos y costumbres dentro de la clase política para obtener beneficios personales, provocan que la corrupción sea un problema estructural que no se podrá resolver en al menos 20 años, aseguró Jorge Alatorre, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

«La corrupción es un problema estructural que no se va a resolver en al menos dos décadas», dijo en entrevista con El Sol de México.

El también experto en ciencia política comentó que lo anterior se debe a que estos problemas se arrastran desde hace décadas, incluso siglos, lo que ha provocado el poco respeto y desconfianza que los ciudadanos sienten hacia las autoridades encargadas de la correcta función pública.

Desde el 28 de mayo de 2018, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador prometió que, de llegar a ser titular del Poder Ejecutivo, acabaría con el fenómeno de la corrupción. «Vamos a barrer la corrupción de arriba hacia abajo desde el primer año», dijo al término de un mitin en Zitácuaro, Michoacán, consigna que incluso se convirtió en el principal sello de lo que llamó la Cuarta Transformación.

Al respecto, Alatorre, quien durante casi un año estuvo solo al frente del CPC por diversas omisiones del Poder Legislativo, dijo que «no se trata de sacar un pañuelo blanco, se trata de hacer las cosas con seriedad, de entender que esta situación va a requerir tiempo, esfuerzo y por supuesto recursos, pero que vale la pena porque de lo contrario simplemente se pone en duda nuestra existencia como nación».

Francisco Ciscomani, presidente del CPC, se suma a este argumento. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de realizar una serie de cambios normativos en el SNA para agilizar los procesos anticorrupción, dijo que «las instituciones y las políticas tienen que verse en el tiempo».

«Va más allá de los hombres y mujeres que integran temporalmente esas instituciones o que impulsan la política correspondiente. (La corrupción) es un fenómeno que requiere una sistematización en el trabajo para combatirla y también en (el combate a) la impunidad», dijo.

En ese mitin de 2018, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador también se comprometió a sacar a México de entre las naciones más corruptas del mundo. Tres años después, el World Justice Project ubicó a México en el lugar 135 de 139 países con mayor percepción de corrupción entre sus ciudadanos.

Al respecto, ambos expertos lamentaron que esta percepción no haya bajado a pesar de que varias cosas han cambiado, como la menor burocracia en la administración pública o mayores herramientas para el escrutinio público. Pero reconocieron que gran parte de este problema proviene de problemas internos de las instituciones que conforman el SCN, que no han logrado los resultados tangibles y concretos que deberían.

«Sin embargo, las diferentes herramientas de medición que se hacen dentro del sistema y fuera de él nos permitirán ver cuáles son los puntos de bloqueo que existen y cómo ayudar a los propósitos establecidos en la política nacional anticorrupción. Si estos bloqueos se resuelven, nos tocará a nosotros como CPC: alzar la voz lo más alto y claro que sea necesario y también trabajar en conjunto con las instituciones para hacerles ver en el corto (plazo) estas falencias y que se solucionen», dice Alatorre.

Sobre este tema, Ciscomani aseguró que en reuniones con los integrantes del comité coordinador del SNA, se han propuesto resolver estos tres temas en un plazo no mayor a seis meses, es decir, la implementación de la política anticorrupción a nivel nacional, el modelo de evaluación y seguimiento del funcionamiento de las políticas y la implementación de la Plataforma Digital Nacional para llegar al próximo día conmemorativo anticorrupción y poder decir «estos fueron los avances que tuvimos en el último año».

Ayer, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador volvió a tocar el tema de la corrupción, al afirmar que gracias a que en su gobierno no se roban el dinero, México ha podido salir de la crisis económica.

«Porque hay mucho ahorro cuando no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde, no se roba. Esa es la fórmula, acabar con la corrupción y con la impunidad, y estamos saliendo, soy optimista», dijo López Obrador.

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México

Morena calla ante la foto de Cuauhtémoc Blanco con narcos

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Los diputados de los partidos PT y PVEM aliados a Morena se negaron a comentar la foto publicada en OEM en la que aparece el gobernador Cuauhtémoc Blanco con presuntos miembros del crimen organizado, alegando que no es de su competencia o que temen represalias contra familiares.

Luego de solicitar una entrevista a través de los coordinadores de prensa de Morena, PT y PVEM, éstos manifestaron que no pudieron localizar a los diputados y los que localizaron se negaron a hacer comentarios.

Cuando se contactó a la diputada del partido Morena, Juanita Guerra Mena, dijo que no le correspondía comentar el caso y que como funcionaria tenía las reglas que le corresponden como diputada.

No había nadie en el PVEM en la Cámara de Diputados que quisiera tener una conversación con los diputados.

Los coordinadores de prensa de los partidos PT y Morena dijeron que no se pudo contactar a los diputados y que nadie quiso hablar del tema. Lo mismo se intentó con la senadora Sasil De León Villard, del Partido Encuentro Solidario, quien no respondió al llamado, aunque el gobernador de Morelos es miembro de esta corriente política.

Cabe señalar que en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, los diputados de Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega, Hamlet García Almaguer Jorge Luis Llaven Abarca, Julio Cesar Moreno Rivera, Rosangela Peña Escalante, Manuel Alejandro Robles Gómez, María del Rocío Corona Nakamura y por el PT Mary Carmen Bernal Martínez, son aliados de Morena.

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México

Pago de becas y pensiones 2022: ¿Cuándo se realizará el primer pago del año?

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A principios de 2022, el gobierno federal iniciará el depósito económico de sus programas asistenciales, como las becas (para niños y jóvenes que estudian) y las pensiones (para mayores de 65 años).

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), los pagos de la Beca Bienestar Benito Juárez (educación básica), la Beca Universal (educación superior) y la Beca Jóvenes Escribe Futuro (educación superior) se harán en los 10 días hábiles siguientes al inicio del ciclo escolar, que comenzó el lunes 3 de enero de 2022.

Para realizar este pago, los beneficiarios (en el caso de los menores de edad, los padres o tutores deberán realizar el trámite) deberán acudir a la sucursal bancaria designada por el programa donde podrán realizar el pago con su tarjeta Bienestar.

En el caso de las pensiones para mayores, el ingreso o la retirada de este régimen es posible a partir del 3 de enero, lo que se refleja en la tarjeta Bienestar.

También se amplió la franja de edad para los mayores de 65 años a partir de octubre de 2021, y más de un millón de nuevos beneficiarios recibieron tarjetas de asistencia social.

– Beca Bienestar, Educación Básica

Alentar a los niños y jóvenes menores de 15 años de familias pobres y marginadas que viven o asisten a escuelas en lugares prioritarios para que continúen su educación básica.

– Beca Universal, Educación Secundaria

Contribuir al bienestar social y a la equidad mediante el otorgamiento de becas para la permanencia de estudiantes en instituciones públicas de educación media superior del sistema educativo nacional.

Se paga una cantidad bimestral de 1.680 pesos por las becas de educación básica y media superior.

– Beca «Los jóvenes escriben el futuro», Educación Superior.

Como contribución al bienestar social y a la equidad mediante la entrega de becas para que los estudiantes permanezcan y completen su educación en instituciones de educación superior, se otorgan 2,450 pesos bimestrales a este sector.

Este programa apoya el bienestar de las personas mayores proporcionando una pensión no contributiva que ayuda a mejorar las condiciones de vida y, a cambio, da acceso a la protección social.

En México, una parte de la población se enfrenta a bajos ingresos y a la falta de acceso a los sistemas de protección social y de salud, lo que afecta a sus condiciones de vida.

Por ello, el programa del gobierno mexicano para el bienestar de las personas mayores reafirma su visión de que son portadores de derechos económicos y sociales y que su cumplimiento debe ser garantizado.

Las autoridades anunciaron el aumento de la Pensión Bienestar para el 2022, que pasará de 3,100 pesos a 3,850 pesos bimestrales. La Subsecretaria de Asuntos Sociales, Ariadna Montiel Reyes, confirmó esta noticia para los adultos mayores que ya están inscritos y para los que quieran sumarse.

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