El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no aprueban la ampliación de dos años en su cargo al ministro presidente Arturo Zaldívar, serán cómplices de la corrupción.

«Sí (serían cómplices), creo que consciente o inconscientemente, por el enojo que sienten por la transformación que se está dando en el país, apoyan el régimen de corrupción», respondió el Presidente a pregunta expresa durante su conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional.

López Obrador opinó que de nada servirá una reforma para acabar con el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial si el encargado de conducir este proceso de transformación es un «personaje conservador del viejo régimen».

«De qué sirve llevar a cabo esa reforma, ya que es papel mojado… Las instituciones son importantes, fundamentales, pero también lo son los hombres y mujeres que las dirigen», señaló.

Al respecto, Raúl Carrancá y Rivas, profesor emérito de la UNAM, consideró que las declaraciones del presidente representan una intromisión en otros poderes y una advertencia.

«Es una opinión muy subjetiva y muy desafortunada, porque los ministros tienen la obligación, en caso de que llegue a la Corte, (de decidir sobre) el asunto. Por el contrario, creo que es una intervención del Poder Ejecutivo a nivel de advertencia, entre comillas, al Poder Judicial. Se está metiendo donde no debe», dijo.

Ayer, el bloque opositor en la Cámara de Diputados anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad para echar abajo el artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conocida como Ley Zaldívar, que amplía dos años el mandato del presidente de la Corte y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El periodo del ministro Zaldívar termina en 2022, pero la integración del artículo transitorio lo dejaría al frente de la Suprema Corte hasta 2024, el mismo año en que termina el sexenio de López Obrador.

La decisión final estará en manos de los integrantes de la Corte. Para que el artículo impugnado sea declarado inválido, ocho de los once ministros tendrían que votar a favor de su derogación.

Al respecto, Carrancá y Rivas explicó que el artículo 100 de la Constitución, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinan que el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura Federal está limitado a los cuatro años en que se ejerce la presidencia de la Corte.

«Siendo inherente al cargo de presidente de la Corte el de presidente del Consejo, y si se diera la prórroga en cuestión, prevalecería lo meramente administrativo, por lo que en cuestiones de fondo el propio Consejo se quedaría sin el voto del presidente. Absurdo y grave, además de inconstitucional. El Consejo se quedaría sin voto», concluyó.

En su defensa de la Ley Zaldívar, el presidente aseguró que existe un precedente.

El hecho al que se refirió ocurrió en 2017, cuando la Corte avaló la reforma que amplió el periodo de cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF, a pesar de que la Constitución determina que el cargo de magistrado electoral es improrrogable.

El Senado designó a los siete magistrados electorales antes del 30 de octubre de 2016, por mayoría agravada, como lo propuso la SCJN. La Corte argumentó entonces que, en su facultad legislativa, el Congreso modificó los plazos de los magistrados electorales con antelación a que iniciaran su periodo, por lo que las reglas para su desempeño se emitieron en tiempo y forma.

AMLO omitió mencionar que Arturo Zaldívar votó en contra de la prórroga al calificar el acto legislativo como una violación a la independencia judicial.

«Hay una violación al principio de independencia judicial porque a través de una ley privativa y contraviniendo el procedimiento de designación del artículo 99 de la Constitución, el Congreso de la Unión altera los términos de los nombramientos hechos bajo un régimen transitorio, que tardó nueve años en diseñarse e implementarse», dijo en su momento.