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México

Comisiones de Derechos Humanos exigen frenar a grupos «al margen de la ley».

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GUADALAJARA. Las comisiones de Derechos Humanos de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas exigieron a los gobiernos federal y estatal «restablecer la paz y la seguridad ciudadana de las personas» que viven en la región fronteriza de esos estados, especialmente de los indígenas wixaritari, luego de que el pasado 22 de septiembre desaparecieron seis de ellos y hasta la fecha se han encontrado los cuerpos de cuatro.

«Las comunidades wixaritari asentadas en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, así como en las localidades de Monte Escobedo y Valparaíso, Zacatecas, se encuentran en situación de riesgo por la presencia de grupos al margen de la ley, que ha ido en aumento», señala el comunicado conjunto que los cuatro organismos publicaron ayer.

En el documento, las organizaciones aseguran que ya se han pronunciado en varias ocasiones sobre la falta de seguridad pública en la región y vuelven a solicitar a los gobiernos federal, estatal y municipal que refuercen la coordinación entre las corporaciones para proteger a quienes viven y transitan por estos territorios.

Sólo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco se ha pronunciado al menos cinco veces en los últimos dos años sobre la violencia en la zona, la última a principios de julio pasado, luego de que dos trabajadores de la Secretaría de Salud, un chofer de ambulancia y un médico pasante fueron secuestrados y asesinados tras trasladar a un paciente a Fresnillo, en Zacatecas.

«Estas defensorías hacen un enérgico y urgente llamado a las autoridades competentes en materia de seguridad pública federal, estatal y municipal para que promuevan de inmediato una efectiva coordinación entre las fuerzas de seguridad de los distintos niveles de gobierno, a fin de restablecer la paz y la seguridad ciudadana de las personas que habitan en esa región», señala el comunicado.

Aunque el documento de las comisiones de derechos humanos menciona sólo cuatro municipios -dos en Zacatecas y dos en Jalisco- con problemas de violencia, la Organización Editorial Mexicana identifica al menos nueve demarcaciones en la zona donde se han presentado graves hechos violentos.

En Jalisco, en el municipio de Mezquitic, el precandidato del PRI a la alcaldía, Álvaro Madera López, fue secuestrado y visto por última vez el 4 de febrero de 2021. Este municipio es también el lugar de origen de los seis indígenas wixaritari secuestrados y asesinados el 22 de septiembre en Monte Escobedo, Zacatecas.

En Teocaltiche, otro municipio del norte de Jalisco, decenas de personas abandonaron sus hogares en mayo pasado debido a los constantes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Apenas el pasado 2 de octubre, una balacera terminó con dos presuntos sicarios detenidos y uno muerto en la comunidad de Villa Hidalgo.

En Zacatecas, en septiembre, habitantes de 13 comunidades del municipio de Jerez se vieron obligados a huir de la zona debido a las constantes desapariciones de personas y asesinatos por parte de los cárteles, que han amenazado a los habitantes.

En Durango, las carreteras que conectan el sur del estado con los vecinos Jalisco y Zacatecas son constantemente asediadas por hombres armados, que instalan retenes y detienen a las personas que pasan por la zona. En octubre de 2020, seis policías fueron emboscados y asesinados en Huezamota por sicarios, presuntos miembros del Cártel de JaliscoNueva Generación (CJNG).

En los límites de Nayarit también se ha denunciado la presencia de grupos armados que intimidan a los pueblos originarios de la región.

Los organismos de derechos humanos insisten en que «el derecho humano a la seguridad ciudadana surge de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas, en los términos del artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos».

Exigieron a las diversas autoridades estatales encargadas de la administración de justicia que las investigaciones, diligencias y el debido proceso se realicen bajo un enfoque diferencial y especializado, con estricto apego a la ley, aplicando los protocolos respectivos.

La comunidad wixárica, o huicholes, lleva años resistiendo los ataques de grupos criminales a sus tierras, ubicadas en la Sierra Madre Occidental, justo en los límites entre Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas.

Los comuneros de esta etnia han sido intimidados y asesinados por los cárteles que operan en la zona. La situación de violencia ha impedido incluso que los gobiernos federal y de Jalisco envíen ayuda a estas personas.

La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco hizo dos exhortos, en marzo y abril de este año, a los gobiernos federal y estatal para que garanticen la seguridad y los servicios de salud a la comunidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic.

El organismo recordó que debido a la situación de inseguridad que prevalece en los límites territoriales de la zona es

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México

Jorge Alcocer acepta desabasto de medicamentos oncológicos

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Durante una acalorada comparecencia en el Pleno de San Lázaro, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aceptó la falta de medicamentos durante la pandemia del Covid-19 y de insumos para tratamientos oncológicos, debido al cierre de las fronteras de los principales países proveedores, China e India, que dejaron de suministrar los insumos.

En medio de fuertes cuestionamientos de la oposición conformada por el PAN, PRI, PRD y MC, Jorge Alcocer reconoció que hay una diferencia en las cifras de contagios y muertes por Covid-19, y en el caso del gobierno, hasta el momento se han contagiado 3 millones de personas, 286 mil muertes y que México lleva 11 semanas de declive tras la tercera ola de esta pandemia.

Ante el alto número de muertes por la pandemia, en el turno de Marta Romo, los panistas le regalaron a Jorge Alcocer una lápida con su nombre y fecha de nacimiento (1946), y le dijeron que «así lo recordará la gente».

A cada ataque de la oposición contra las políticas públicas de la Cuarta Transformación, Jorge Alcocer tuvo una respuesta, incluso refirió que México está en el octavo lugar del mundo en número de población vacunada.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, dijo en tribuna ante el secretario de Salud, que el subsecretario Hugo López Gatell tendrá que ser juzgado por haber provocado tantas muertes por la pandemia, por tener una estrategia equivocada para abatir los estragos de la pandemia y por la falta de medicamentos.

Jorge Alcocer dijo que, además de reconocer que hay un déficit de más de 170 mil médicos en el país, señaló que hay una reducción generalizada de 84 por ciento en la ocupación hospitalaria, lo que significa que sólo 22 por ciento de las camas generales y 20 por ciento de las que tienen ventilador permanecen ocupadas.

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México propone a EEUU invertir millones de dólares para frenar la migración

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Jorge Aguilar Reyna, coordinador territorial de Sembrando Vida Tapachula, anunció que el gobierno mexicano ha propuesto a Estados Unidos invertir mil millones de dólares para frenar la migración mediante el fortalecimiento del programa Sembrando Vida.

Todavía no se sabe cuánto invertirá Estados Unidos, pero sí se sabe que apoyará este programa, que ha tenido buenos resultados en México para frenar la migración.

«México ya ha presentado una propuesta de inversión inicial de mil millones de dólares a Estados Unidos, en la que se está trabajando. Parte de los protocolos o pasos de inversión fue la visita de John Kerry, el enviado especial del gobierno estadounidense para el cambio climático», dijo.

Señaló que esto es lo mínimo que se puede pedir para replicar el programa Sembrando Vida para Centroamérica, al menos en tres años, y que esto puede reducir mucho la migración, y eso es lo que está demostrando México.

«Este programa está provocando que los plantadores y sus jóvenes hijos mexicanos propietarios de tierras regresen a nuestro país. Un ejemplo de ello es la comunidad de Santa Rita, en el municipio de Acacoyagua, que ya no contaba con una persona, pero gracias a este programa han regresado», dijo.

Aseguró que el programa no sólo trata de crear un incentivo para no emigrar, sino también de fomentar el desarrollo en el país y crear un polo de crecimiento.

«Podemos detener la migración porque tenemos agua, tierra y el conocimiento de nuestros antepasados. Lo que nos falta es inversión, acompañamiento e infraestructura vial para transportar las cosechas», dijo.

Destacó que la visita de alto nivel de las autoridades estadounidenses era para ver la aplicación del programa Sembrando Vida, así como las medidas sobre el cambio climático que quería conocer.

Por último, explicó que las autoridades estadounidenses querían conocer muy bien el programa Sembrando Vida para replicarlo en los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

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La prisión preventiva oficiosa castiga la pobreza: Arturo Zaldívar

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Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó que la mayoría de las personas en prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos, por lo que afirmó que esta medida suele castigar la pobreza.

«La mayoría de las personas que están en prisión preventiva no oficial tienen recursos limitados. Es una sentencia sin sentencia, que suele castigar la pobreza. Tenemos que avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como una excepción», escribió el ministro en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones del ministro se producen un día después de que el máximo tribunal del país invalidara la prisión preventiva no oficial por los delitos de contrabando, fraude fiscal y uso de facturas falsas, diciendo que violaba los derechos humanos de los afectados.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que esta decisión protege la corrupción y hace que no se castigue a todos por igual, por lo que se opuso.

«No estoy de acuerdo por supuesto, creo que sigue protegiendo a las minorías y sólo castiga a los que no tienen influencia o nada para comprar su inocencia, me parece que no han actuado bien», dijo.

Por ello, Zaldívar justificó su voto a favor de la inconstitucionalidad de la medida, argumentando que el decreto firmado por el presidente y la entonces ministra del Interior, Olga Sánchez Cordero, violaba los derechos humanos por ser «inconstitucional, ya que contradice el principio de presunción de inocencia».

En otro mensaje difundido a través de su cuenta de TikTok, el ministro reiteró que «en México hemos abusado por mucho tiempo de la prisión preventiva. En muchos casos, las investigaciones se retrasan, afectando sobre todo a miles de personas pobres, que no tienen forma de conseguir un buen abogado.

Por ello, dijo que la prisión preventiva no oficial, que se ordena automáticamente sin examinar las circunstancias del caso, viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

«Esto no significa que delincuentes peligrosos o personas que han defraudado al país estén en libertad sin prisión preventiva oficiosa, sólo significa que en estos casos el juez debe tomar una decisión que justifique por qué una persona debe ser detenida mientras se aclara su responsabilidad», dijo.

Cabe destacar que ayer el Tribunal anuló la prisión preventiva automática, por lo que la prisión preventiva continuará en estos casos mientras las autoridades la justifiquen ante un juez.

Con información de Rafael Ramírez, Javier Divany y Saúl Hernández.

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