El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dejó entrever esta vez la posibilidad de continuar con la destitución de funcionarios nombrados por sus antecesores, en medio del reclamo internacional y la aversión de los mercados tras la destitución el fin de semana por el Parlamento de un grupo de magistrados y el Fiscal General.

«El pueblo no nos mandó a negociar. Se están yendo. Todos«, escribió el presidente en Twitter el lunes, sin especificar qué funcionarios siguen en la mira del Congreso, controlado por sus aliados desde el 1 de mayo.

Los aliados de Bukele, que controlan 61 de los 85 escaños de la nueva Asamblea Legislativa unicameral, destituyeron, nada más tomar posesión el sábado, a los cinco magistrados titulares y a los cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la más poderosa de ese tribunal, y nombraron inmediatamente a sus sustitutos.

También destituyeron al fiscal general, Raúl Melara, cuestionado por tener vínculos con la oposición, y nombraron un sustituto.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó el domingo la «profunda preocupación» de Washington «por la democracia de El Salvador».

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya habían condenado esta decisión, mientras que organizaciones humanitarias y miembros de la sociedad civil salvadoreña denunciaron una actitud autoritaria.

La Unión Europea (UE) se sumó el lunes a los reclamos. Su portavoz de política exterior, Josep Borrell, aseguró que estas decisiones «van en contra del Estado de Derecho» y pidió «salvaguardar la independencia del poder judicial en El Salvador».

Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a «respetar las disposiciones constitucionales, el Estado de derecho y la división de poderes, para preservar los avances democráticos logrados por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz» de 1992 [fin de la guerra civil], dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.

«Si la oposición gana en Nicaragua, dejaría la Corte y el Fiscal sandinista. Si la oposición consigue ganar en Honduras, dejarían la Corte y el Fiscal de JOH (Juan Orlando Hernández). Si la oposición gana en Venezuela, dejarían la Corte y el Fiscal chavistas. Es decir, por el equilibrio de fuerzas», respondió Bukele.

Por su parte, la embajada china en San Salvador sostuvo que «salvaguardar la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos de otros países es el principio más importante de la Carta de la ONU«, en clara sintonía con lo que Bukele exige a sus críticos.

El apoyo de China llega en un momento en que el gobierno de Bukele, que reconoce a Pekín, no ha descartado reanudar las relaciones con Taiwán, considerada por los chinos como una provincia rebelde.

La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, había frenado varias medidas presidenciales relacionadas con la gestión de la pandemia, la mayoría de ellas sobre regímenes de emergencia, por considerar que violaban derechos fundamentales de los ciudadanos.

Bukele las había criticado duramente y las había acusado de no permitirles cuidar la vida de los ciudadanos.

Los magistrados destituidos y el fiscal general habían sido elegidos por la anterior legislatura, controlada por los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el exguerrillero de izquierdas Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy minoritario en la oposición.

Tanto Arena como el FMLN se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019.

«Aquí nos costó 30 años echar al régimen que nos tenía en la miseria, la corrupción, la inseguridad y la desesperanza», subrayó Bukele el lunes.

Su vicepresidente, Félix Ulloa, también cuestionó las críticas internacionales: «para una superpotencia no hay acusaciones, pero para un país pequeño que empieza a ejercer la soberanía de su pueblo y a liberarse de las cadenas con las que las élites, los políticos y los funcionarios corruptos lo habían sometido, salen al paso los hipócritas y los mojigatos».

Para Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, Bukele «está metiendo al país en una crisis tremenda».

Según informes financieros, los bonos soberanos de El Salvador con vencimiento en 2025 cayeron un 6%, mientras que los que vencen en 2052 se desplomaron hasta un 10%.

Todo esto ocurre mientras El Salvador negocia con el Fondo Monetario Internacional la financiación de al menos 1.300 millones de dólares para afrontar la emergencia derivada de la pandemia. La deuda pública del país ronda el 90% del PIB.

Según un informe del banco de inversión Barclays, difundido por la prensa, la «agenda política [de El Salvador] socava la negociación» con el FMI y su relación con Washington y los organismos internacionales.