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Bukele anticipa más destituciones en El Salvador, pese al reclamo internacional

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dejó entrever esta vez la posibilidad de continuar con la destitución de funcionarios nombrados por sus antecesores, en medio del reclamo internacional y la aversión de los mercados tras la destitución el fin de semana por el Parlamento de un grupo de magistrados y el Fiscal General.

«El pueblo no nos mandó a negociar. Se están yendo. Todos«, escribió el presidente en Twitter el lunes, sin especificar qué funcionarios siguen en la mira del Congreso, controlado por sus aliados desde el 1 de mayo.

Los aliados de Bukele, que controlan 61 de los 85 escaños de la nueva Asamblea Legislativa unicameral, destituyeron, nada más tomar posesión el sábado, a los cinco magistrados titulares y a los cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la más poderosa de ese tribunal, y nombraron inmediatamente a sus sustitutos.

También destituyeron al fiscal general, Raúl Melara, cuestionado por tener vínculos con la oposición, y nombraron un sustituto.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó el domingo la «profunda preocupación» de Washington «por la democracia de El Salvador».

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya habían condenado esta decisión, mientras que organizaciones humanitarias y miembros de la sociedad civil salvadoreña denunciaron una actitud autoritaria.

La Unión Europea (UE) se sumó el lunes a los reclamos. Su portavoz de política exterior, Josep Borrell, aseguró que estas decisiones «van en contra del Estado de Derecho» y pidió «salvaguardar la independencia del poder judicial en El Salvador».

Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a «respetar las disposiciones constitucionales, el Estado de derecho y la división de poderes, para preservar los avances democráticos logrados por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz» de 1992 [fin de la guerra civil], dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.

«Si la oposición gana en Nicaragua, dejaría la Corte y el Fiscal sandinista. Si la oposición consigue ganar en Honduras, dejarían la Corte y el Fiscal de JOH (Juan Orlando Hernández). Si la oposición gana en Venezuela, dejarían la Corte y el Fiscal chavistas. Es decir, por el equilibrio de fuerzas», respondió Bukele.

Por su parte, la embajada china en San Salvador sostuvo que «salvaguardar la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos de otros países es el principio más importante de la Carta de la ONU«, en clara sintonía con lo que Bukele exige a sus críticos.

El apoyo de China llega en un momento en que el gobierno de Bukele, que reconoce a Pekín, no ha descartado reanudar las relaciones con Taiwán, considerada por los chinos como una provincia rebelde.

La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, había frenado varias medidas presidenciales relacionadas con la gestión de la pandemia, la mayoría de ellas sobre regímenes de emergencia, por considerar que violaban derechos fundamentales de los ciudadanos.

Bukele las había criticado duramente y las había acusado de no permitirles cuidar la vida de los ciudadanos.

Los magistrados destituidos y el fiscal general habían sido elegidos por la anterior legislatura, controlada por los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el exguerrillero de izquierdas Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy minoritario en la oposición.

Tanto Arena como el FMLN se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019.

«Aquí nos costó 30 años echar al régimen que nos tenía en la miseria, la corrupción, la inseguridad y la desesperanza», subrayó Bukele el lunes.

Su vicepresidente, Félix Ulloa, también cuestionó las críticas internacionales: «para una superpotencia no hay acusaciones, pero para un país pequeño que empieza a ejercer la soberanía de su pueblo y a liberarse de las cadenas con las que las élites, los políticos y los funcionarios corruptos lo habían sometido, salen al paso los hipócritas y los mojigatos».

Para Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, Bukele «está metiendo al país en una crisis tremenda».

Según informes financieros, los bonos soberanos de El Salvador con vencimiento en 2025 cayeron un 6%, mientras que los que vencen en 2052 se desplomaron hasta un 10%.

Todo esto ocurre mientras El Salvador negocia con el Fondo Monetario Internacional la financiación de al menos 1.300 millones de dólares para afrontar la emergencia derivada de la pandemia. La deuda pública del país ronda el 90% del PIB.

Según un informe del banco de inversión Barclays, difundido por la prensa, la «agenda política [de El Salvador] socava la negociación» con el FMI y su relación con Washington y los organismos internacionales.

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Un ex militar colombiano es acusado en EE.UU. por el asesinato del presidente de Haití

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Un ex militar colombiano fue acusado el martes en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato de Jovenel Moise, presidente de Haití.

El hombre, de 43 años, está acusado de participar «en un complot para secuestrar o asesinar» al presidente haitiano el pasado mes de julio, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

El colombiano fue detenido el lunes en un aeropuerto de Panamá, cuando se encontraba en un vuelo de Jamaica a Colombia; posteriormente fue extraditado a Miami, donde compareció ante un juez el martes.

Si es declarado culpable de los cargos que se le imputan, se enfrenta a cadena perpetua.

En reacción a la acusación, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, dijo en un mensaje transmitido por su oficina a la AFP que desea que «la justicia triunfe por el infame asesinato de Jovenel Moise, no sólo para el ex presidente sino también para su familia y para nuestra nación».

La Fiscalía estadounidense afirma que el complot contra Moise «se centró inicialmente en el secuestro del presidente como parte de una supuesta operación de arresto», pero «finalmente resultó en un complot para asesinar», bajo la dirección de un hombre identificado como «co-conspirador número 1».

Este hombre, con doble nacionalidad haitiana y estadounidense, está detenido en Haití.

Los fiscales afirman en la denuncia que «el 7 de julio de 2021, […] entraron en la residencia del presidente en Haití con la intención y el propósito de matar al presidente Moise, y de hecho el presidente fue asesinado».

El nuevo imputado ya había sido detenido en octubre pasado en Jamaica, fue liberado y deportado a Colombia porque Haití no aportó pruebas suficientes de su participación en el asesinato.

Sin embargo, fue detenido por las autoridades panameñas cuando hizo escala en el aeropuerto internacional de Tocumen.

Según la directora del Servicio Nacional de Migración panameño, Samira Gozaine, tras su detención, el acusado «aceptó la extradición voluntaria y por eso anoche (lunes) abordó un vuelo a Miami».

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) está trabajando en el caso con otros socios, como los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Aunque varios haitianos, dos estadounidenses y una quincena de colombianos acusados de estar implicados en el asesinato de Moise están encarcelados en la prisión de Puerto Príncipe desde el verano, la investigación sobre el asesinato no parece avanzar.

El asesinato del presidente ahondó en la profunda crisis política en la que está inmerso Haití desde hace años.

El Primer Ministro Henry también denunció haber sido objeto de un intento de asesinato.

En una entrevista con la AFP publicada el lunes, Henry dijo que tuvo que salir corriendo de las celebraciones de la fiesta nacional el sábado en la ciudad de Gonaives bajo ráfagas de disparos que alcanzaron su vehículo blindado.

Sin un parlamento que funcione desde hace dos años y con un poder judicial paralizado, Haití, el país más pobre del Caribe, se hunde en una crisis de gobernabilidad.

El creciente control de las bandas sobre el territorio nacional dificulta las esperanzas de una mejora de las condiciones de vida de la población, víctima de secuestros cometidos diariamente por bandas armadas.

En 2021 se registraron al menos 950 secuestros en Haití, según el Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos, con sede en Puerto Príncipe.

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IHU, la nueva variante de Covid 19 con más mutaciones que Omicron

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Hace unas semanas, investigadores franceses identificaron una nueva variante de Covid derivada de otra variante cuyos primeros casos se descubrieron en la República del Congo el pasado mes de septiembre.El Institut Hospitalier Universitaire de Marseille, donde se originó este descubrimiento, anunció en su cuenta de Twitter el 9 de diciembre que había bautizado a esta variante con el acrónimo IHU.Sus investigadores publicaron a finales del mes pasado un estudio preliminar sobre esta «variante IHU«, denominada B.1, que aún debe ser confirmado por sus homólogos. Según este centro especializado en enfermedades infecciosas, fundado y dirigido por el controvertido médico Didier Raoult, los primeros casos de este tipo fueron detectados por científicos en la localidad de Forcalquier, en el departamento de Alpes de Alta Provenza. Esta variante contiene 46 mutaciones, incluso más que Omicron, y es uno de los dos derivados de B.1 Una característica especial de la «variante IHU es que una de sus mutaciones está asociada a un posible aumento de la transmisión del virus.

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La OPEP+ prevé aumentar la producción de petróleo a partir de febrero

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Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) acordaron el martes mantener el aumento de la producción de petróleo previsto para febrero, debido a que prevén que la presencia de la variante Omicron de Covid-19 tendrá un impacto efímero en la demanda.

La OPEP, que también forma parte de una alianza liderada por Rusia, ha aumentado su objetivo de producción de crudo todos los meses desde el pasado agosto, con un incremento de 400 mil barriles diarios (bpd).

Por su parte, Estados Unidos ha instado a la OPEP+ a bombear más crudo para ayudar a la recuperación económica mundial de la pandemia, además de enfriar los precios, que se cotizan en torno a los 80 dólares por barril; sin embargo, el mercado asegura que está equilibrado, por lo que no es necesaria más producción de petróleo.

La OPEP está retirando los recortes de producción de 10 millones de bpd aplicados en 2020, a medida que la demanda de petróleo y los precios se recuperan de su caída por la pandemia.

Según los planes actuales de la OPEP+, el objetivo de 400.000 bpd se elevará de nuevo, lo que dejará unos 3 millones de bpd en recortes que se desharán en septiembre, según el acuerdo alcanzado el pasado julio.

A través de un informe técnico, la OPEP+ restó importancia al impacto económico de la variante Omicron de Covid-19 en la demanda de petróleo, asegurando que sería «leve y de corta duración».

«Esto se suma a unas perspectivas económicas estables tanto en las economías avanzadas como en las emergentes2, afirmó la OPEP+.

En cambio, la producción real no ha alcanzado un ritmo similar al de las previsiones de producción de la OPEP, ya que algunos miembros de la organización están luchando contra las limitaciones de capacidad.

Por otra parte, los productores de la OPEP incumplieron sus objetivos de 730 mil bpd en octubre y de 650 mil bpd en noviembre, según la Agencia Internacional de la Energía.

Según fuentes internacionales, la próxima reunión de la OPEP se celebrará el 2 de febrero.

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